La existencia en Aragón de una normativa de autorización que somete a las residencias a un sistema de autorización complejo está generando algunos problemas en esa comunidad.

El sistema somete a los promotores de una residencia a tres autorizaciones: una previa en la que se autorizaría el proyecto, una segunda provisional que se otorga cuando la residencia ya está construida y una tercera, la definitiva, que se otorgaría pasado un tiempo al comprobar que funciona correctamente. El problema es que las residencias que esperan la autorización definitiva aparecen como no autorizadas y, una curiosidad, en el segundo artículo del que hablamos, la DGA dice que desconoce el número de residencias que funcionan con la autorización provisional

Por un lado, leemos en ABC una noticia en la que nos habla de un informe realizado por el Justicia de Aragón (defensor del pueblo autonómico) en el que avisa de la existencia de residencias en situación alegal que "no están mal" pero donde los residentes son vulnerables al no recibir el control de las administraciones. Sorprende del artículo que el Justicia haya dedicado NUEVE AÑOS para hacer un informe de 470 páginas visitando 123 centros (de los 293 existentes en la comunidad). Suponemos que lo de los 9 años debe ser un error de transrcipción o que no debía considerar la situación demasiado grave cuando ha tardado tanto tiempo en acabar el informe sin advertir previamente de la situación. Veamos el artículo:

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, alertó ayer de la existencia de algunas residencias alegales en la Comunidad Autónoma, centros que «no están mal» pero donde los ancianos son «más vulnerables», ya que están «fuera del control» de las administraciones.
Así lo indicó a los medios de comunicación después de presentar el «Informe sobre la situación de las residencias de personas mayores en Aragón» en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes autonómicas, un documento de más de 470 páginas a cuya elaboración se han dedicado nueve años en los que se han visitado 123 centros de este tipo.
«Hay algunas residencias en la que faltan algunos requisitos legales para su apertura», dijo el Justicia, al tiempo que reconoció que aunque son centros que «no están mal» hay que tener en cuenta que «están de alguna forma fuera de control» y los ancianos que viven allí «son más vulnerables» y «están más indefensos», una situación que a su juicio «se da más en la ciudad que en el mundo rural» y a la que hay que responder con la coordinación de las administraciones. Ver fuente original

En El Heraldo de Aragón vemos el otro lado de la noticia. La perspectiva de la DGA y unas posibles discrepancias entre ésta y el Ayuntamiento de Zaragoza.

La Consejería de Servicios Sociales reconoce que muchas residencias de mayores privadas carecen de las licencias y permisos definitivos para ejercer la actividad. La mayoría, y algunas ni siquiera eso, funcionan con un "informe favorable" emitido por el Gobierno de Aragón tras inspeccionar las instalaciones. Sin dicho informe y sin licencia de actividad municipal, hay residencias que están abiertas. Algunas funcionan así desde hace más de 10 años.

Estas condiciones fueron denunciadas por el Justicia de Aragón en el informe sobre la situación de residencias para personas mayores en Aragón, que presentó el lunes, después de visitar 120 centros de Aragón en los últimos nueve años. Recomendó que aumentara el personal de inspección (ahora hay siete funcionarios), y se ejerciera un mayor control administrativo para agilizar los trámites. "Es fundamental para la concertación de plazas públicas y para reforzar la seguridad jurídica", precisó.

El presidente de la Asociación de Centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón (ACASSA), Antonio Morlanes, también admite que un gran número de empresarios todavía no tienen el número de registro de entidades pero que pueden prestar estos servicios. Según explica, tras pedir la licencia urbanística y construir el espacio, se solicita la apertura a la DGA, quien facilita el decreto de mínimos para que se cumpla. Aunque no siempre se consigue la licencia municipal de actividad, tras una inspección previa Servicios Sociales emite un informe favorable.

El Gobierno de Aragón informó ayer de que el número de residencias que operan con autorización provisional es un dato que no está disponible. No obstante, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Juan Carlos Castro, asegura que "es una cuestión de normativa urbanística" que no afecta a la actividad de una residencia, ya que desde los servicios de inspección se encargan de que reúna las condiciones. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Zaragoza indican que si no se les concede la licencia de actividad es porque no cumplen con la normativa que, por otra parte, no deja lugar a la interpretación del funcionario.

En Aragón hay 293 centros, de los que 158 son residencias privadas mercantiles (se distinguen de las privadas sociales gestionadas por fundaciones u órdenes religiosas). Desde el sector privado, especifican que en todo Aragón hay residencias en esta situación, pero especialmente en Zaragoza y su entorno metropolitano. Algunas de las sociales tampoco tienen todos los papeles.

"Es una situación de anarquía total", indica el presidente de la asociación. Por ello, y con la próxima puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, el sector privado espera que el Gobierno de Aragón publique una orden de acreditación de centros, en la que se tendrían que detallar los requisitos que tienen que cumplir. Sin embargo, "por parte de la administración, no nos han indicado todavía cuáles son las condiciones. El decreto que está vigente es muy antiguo, no es preciso, y siempre te encuentran algo para no cumplirlo", critica.

La norma que se aplica es el decreto 111/1992, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. En esta misma orden se indica que cuando se detecte la apertura, modificación o cierre de cualquier establecimiento sin la autorización previa, se procederá a la regularización o se puede decretar cautelarmente el cierre total o parcial del centro hasta que se resuelva el procedimiento. Sin embargo, la realidad es que no se producen cierres. Por ello, se puede funcionar con licencias provisionales. "Casi todos estamos así porque en muchos casos el problema es que el Ayuntamiento de Zaragoza no da la licencia definitiva de apertura y de actividad", señala Morlanes. De hecho, hay centros que han tardado diez años en conseguir la licencia de actividad. Otras ni siquiera la podrán obtener porque se encuentran en instalaciones o pisos que no pueden adaptarse a la normativa porque no tienen espacio suficiente.