El intento de la Comunidad Valenciana de regular la dispensación de medicamentos a las residencias encontró el año pasado una frontal oposición desde la asociación AERTE. Ahora las partes están negociando sobre las bases de crear oficinas de farmacia en las residencias, algo que supondría a la conselleria poder adquirir los fármacos a precio de laboratorio, lo que permitiría ahorrar 30 millones al año -2.500 euros por residente en una población de 12.000 personas. A los centros privados también podría interesarles, ya que la cantidad ahorrada podría destinarse a prestaciones de la dependencia (hay 15.000 a la espera de cobrarla) y revertir así en un incremento de la ocupación de plazas ya que hay 4.000 disponibles en estos momentos en los centros de Aerte.
Estaremos a la espera de avances