08/02/2016

Críticas a la Generalitat Valenciana por falta de previsión tras la sentencia de la accesibilidad

Tras la reciente sentencia que pone en duda una parte importante del sistema de Accesibilidad Social limitando la exclusividad a un tercio de las plazas de las residencias (ver noticia y texto de la sentencia), las opciones de actuación que tiene el gobierno valenciano son limitadas y, haga lo que haga, recibirá crítica por parte de alguno de los agentes afectados.

AERTE aboga por la libre elección de centro de forma transitoria

Consellera Oltra Bienestar socialLa patronal AERTE, representativa del sector de las residencias la Comunidad Valenciana ha pedido que se encuentre una solución rápida que  evite "el trastorno y los inconvenientes que supone para una persona mayor que ya se encuentra adaptada al entorno de una residencia el traslado a otra, como ha ocurrido en tantas ocasiones cuando personas han sido enviadas de forma obligada, para no perder el derecho a una plaza pública, a las plazas concertadas irregulares de accesibilidad social, por lo que desea que no se vean afectadas de ninguna manera".   Una forma de hacerlo es que se permita la libre elección de centros mientras se diseña el nuevo modelo.  Para encontrar ese modelo, AERTE ha ofrecido su colaboración al gobierno regional.

CCOO advierte de posible destrucción de empleo

Por su parte, Comisiones Obreras, en su página web advierte de lo siguiente:

CCOO denuncia la falta de previsión de la Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y las graves consecuencias de unas instrucciones que perjudican al sector de residencias

El anuncio hecho anteayer por la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, con respecto a la no reposición de las plazas de accesibilidad social deja, a juicio de la FSS CCOO-PV, dos claros perdedores: las personas mayores, que verán aumentar la lista de espera para una plaza de residencia; y las trabajadoras, que verán como se destruyen más de 1.000 empleos. 

La decisión manifestada de no reponer el segundo tercio de las plazas de accesibilidad social significa que las nuevas plazas que se den deberían ir a la red de utilización pública o, lo que es lo mismo, a los distintos conciertos de plazas residenciales que tiene la Conselleria. Sin embargo, tanto las plazas de residencias propias, como las plazas concertadas con las residencias municipales y con la asociación LARES están completas y la lista de espera actual para que una persona mayor pueda acceder a una plaza pública aumentaría.

El nuevo sistema de concertación de plazas que quiere poner en funcionamiento la Conselleria tardará, al menos, un año y durante este tiempo 2.000 plazas habrán desaparecido y con ellas cerca de 1.000 empleos de profesionales (mujeres en un 90%) de estos centros, ya que por cada dos residentes se genera un empleo.

La vicepresidenta del Consell sabía, incluso antes de las elecciones autonómicas que esta sentencia llegaría, no obstante, no ha hecho nada por evitar la situación. Por eso, desde la FSS CCOO-PV defendemos que el nuevo concierto debería haber estado preparado a falta de saber cuántas plazas debía de concertar en función del sentido de la sentencia.

Desde CCOO esperamos que la conselleria no tengan la tentación de sustituir estas plazas por prestaciones económicas vinculadas al servicio de residencia que, aunque resulte más económico para administración, perjudica mucho a las personas mayores, en especial a las de rentas más bajas.

La tentación de optar por las prestaciones económicas para el cuidador no profesional

MIentras tanto, todos temen que la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social opte por la vía más fácil y empiece a transformar Programas Individuales que acaban suponiendo la prestación de servicios por otros que la Ley prevé como excepcionales que son las ayudas económicas para el cuidado no profesional en el entorno familiar.

Ayuda a Domicilio

El antecedente de lo que puede suceder con la ayuda a domicilio cuando se empiece a aplicar la instrucción recientemente aprobada por la Generalitat según la cual hay que priorizar las prestaciones para el cuidador no profesional frente a las vinculadas a Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), hacen temer que el Consell acabe tomando el camino más fácil a corto plazo y más perjudicial en el medio y largo.

Imagen:Mónica Oltra Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Imagen de la Web de la Generalitat Valenciana.

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