Buenas prácticas para la inspección de servicios sociales de residencias geriátricas

Este documento contiene una serie de propuestas de buenas prácticas para la inspección de residencias geriátricas en Cataluña.

 Primer eje de buenas prácticas:Transparencia

Tanto el cumplimiento de la Ley como  la imagen de la inspección y su funcionamiento mejoraría con las siguientes iniciativas

a) Envío del informe de inspección al inspeccionado tras la actuación.

Cada actuación de la inspección genera dos documentos. El acta, una copia de la cual se queda el inspeccionado, y  el informe de inspección que es un documento en el que el inspector hace una descripción más exhaustiva de la actuación inspectora.

La buena práctica consistiría en el envío automático al inspeccionado a través de correo electrónico del acta de inspección en el momento en que ésta estuviese redactada,

Coste para la administración: Cero

b) Publicación en internet de las actas de inspección

Esta iniciativa tendría una enorme trascendencia y permitiría mejorar considerablemente la actuación de la inspección.

La justificación de esta práctica vendría del planteamiento de una pregunta: ¿Para quién inspecciona la inspección?. Si lo hace para el interés general ¿No sería bueno que cualquiera pudiera ver el acta de inspección antes de decidir ingresar en una residencia?

Si resulta que existe arbitrariedad o diversidad de criterios, la transparencia sería un incentivo para erradicarla y funcionar mejor. Si ésta no existe, sería la mejor forma de ponerlo de manifiesto.

Mientras esta posibilidad no se plasme, no resultará raro que aparezcan medios en los que las residencias puedan publicar sus propias actas (borrando los datos personales).

 

Hasta ahora sólo la inspección tiene todas las actas. Cada residencia tiene sólo la suya. Esta circunstancia es negativa ya que no existe una forma externa a la administración de poder evaluar el funcionamiento de la propia inspección considerando si se utilizan criterios similares y se actúa de una forma proporcionada.

Publicar las actas requeriría un cambio legislativo y redactarlas de forma que no contuviesen datos de carácter personal.

Coste para la administración:  Tras la aprobación legislativa existiría un coste en programación informática.

c) Publicación de los protocolos modelos y criterios de la inspección.

Sería muy positivo que, si la inspección dispone de documentos de trabajo, criterios de actuación u otra documentación que utilizan en su actuación, éstos fuesen públicos de forma que las residencias pudieran conocer cómo van a ser inspeccionados y, en la medida de lo posible pudieran prepararse.

De igual forma la iniciativa podría incluír la publicación de modelos de documentos de trabajo, elaborados por la inspección o recogidos durante las actuaciones (previa autorización de la residencia que los ha creado para su difusión).

Estos criterios públicos serían una herramienta muy buena para luchar contra posibles arbitrariedades y, en el medio plazo supondrían una mejora considerable de la actuación inspectora.

Coste para la administración: Cero

d) Realización periódica de auditorías de funcionamiento de la inspección para su posterior publicación

Se trataría de que, temporalmente, se realizase una auditoría del servicio de inspección consistente en el envío y análisis de resultados de una encuesta a todas las entidades inspeccionadas así como un análisis de las actas de inspección del período para detectar posibles desviaciones.

Esta auditoría permitiría saber si todos los inspectores realizan comprobaciones similares a los centros erradicando la sensación de arbitrariedad.

Coste para la administración:  El de contratación de una consultora externa no vinculada con el sector geroasistencial.

e) Publicación de una "Tabla de criterios de inspección”

Se trataría de que la inspección de servicios sociales publicase y mantuviese actualizada una matriz  que serviría para poder tener claros los criterios de la inspección y su adecuación a las exigencias jurídicas.

Criterio	Situaciones en que se aplica	Norma jurídica en que se fundamenta	Consecuencia de la aplicación del criterio para los usuarios	Consecuencia de la aplicación del criterio para los prestadores del servicio	Existencia de criterios similares en la inspección sanitaria

 

Coste para la administración: Cero

f) Publicación inmediata de las actas de inspección correspondientes a las residencias públicas gestionadas por la propia administración haciéndolas accesibles por internet a cualquiera que desee consultarlas.

Aportaría un plus de fiabilidad a la actuación de las inspecciones y de la administración en general el saber que los centros públicos gestionados por la misma administración reciben el mismo tipo de control y supervisión.

A diferencia de la publicación de actas de inspección de residencias geriátricas privadas, esta publicación no requeriría de cambio legislativo.

Coste para la administración: Cero

Segundo eje de buenas prácticas: Habilidades de los inspectores

Cada inspector/a es una persona y como tal tiene unas habilidades y unas competencias. Para saber si éstas son las adecuadas e intentar mejorar mejora sería bueno saber cómo se sienten los inspeccionados y mejorar el conocimiento y capacidades de los profesionales inspectores.

a) Encuesta posterior a la inspección

Una buena forma de saber si la sensación negativa que manifiestan algunas residencias sobre el comportamiento humano del inspector sería enviar automáticamente una encuesta a la residencia durante la semana siguiente a la actuación inspectora.

Esta iniciativa no resulta novedosa ya que la llevan a cabo casi todas las empresas de servicio tras una intervención. Lo novedoso sería que se haría sistemáticamente tras todas las actuaciones y permitiría tener un perfil claro de la percepción que tienen los inspeccionados de cada inspector. Comparando los perfiles se podrían plantear acciones de mejora o formaciones específicas.

Coste para la administración:  El de la programación de un sistema informático automatizado.

 

b) Sesiones formativas impartidas por inspectores

Se trataría de acciones periódicas que se llevarían a cabo en diferentes lugares del territorio en las que miembros de la inspección tratarían sobre cuestiones concretas relativas a las actuaciones de inspección.

Estas sesiones supondrían por un lado un esfuerzo por parte de la inspección y de los inspectores individuales que tendrían que prepararse la sesión antes de impartirla y recoger las dudas que se planteasen y para las que no estuviesen preparados para contestar.

Todas las sesiones se grabarían y transcribirían para su consulta a través de la web de la Generalitat.

Coste para la administración:  El correspondiente a la grabación, transcripción y almacenaje en internet de las sesiones.

c) Formaciones conjuntas para inspectores y directores de residencia

Se trataría de plantear acciones formativas sobre cuestiones relacionadas directamente con el funcionamiento de la residencia e impartidas por expertos a las que pudieran asistir directores de residencias así como los propios inspectores.  En la mayor parte de los casos se trataría de formaciones que ya reciben los inspectores y que estarían abiertas a la participación de un grupo de directores y gerentes de residencias.

Se trataría de intentar que la información pueda llegar de forma similar.

Coste para la administración:  Si se abren a los inspeccionados las formaciones que actualmente reciben los inspectores el coste sería cero.  Si se organizan formaciones específicas, el coste sería el de las mismas.

Tercer eje de buenas prácticas: Sobre la inspección cuando se sanciona

Debido a que una de las consecuencias de la actividad inspectora puede ser la imposición de sanciones.

a) Diferenciación entre inicio, tramitación y resolución

Por principio, y sin que tuviese que ser solicitado, siempre que se abriese un expediente sancionador, el inspector que redacta la primera acta, el que comprueba las alegaciones y el eventual recurso de alzada deberían ser personas diferentes.

Coste para la administración: Cero

b) Intervención de los usuarios y familiares

Siempre que se tramite una infracción que se fundamente en presuntas violaciones de derechos de los usuarios, el expediente debería recoger pruebas testificales de los propios usuarios o sus familiares.De esta forma se evitaría que se puedan considerar violaciones de derechos circunstancias que no son vividas así por las propias "víctimas”.

Coste para la administración: Cero

Cuarto eje: Calidad en primera persona

a) Obtención de la certificación ISO 9001 por parte del servicio de inspección

Esta sería una iniciativa que realmente mostraría el compromiso de la inspección con la calidad y consistiría en iniciar un proceso que llevase al propio servicio de inspección a trabajar con un modelo de gestión de la calidad.

Coste para la administración: El de la implementación y certificación.

 

Fuente: Extraido de las propuestas realizadas en el Blog de Josep de Martí