DIFÍCIL SITUACIÓN DEL SAD EN ANDALUCÍA

La Cooperativa Abenzoar, adjudicataria de los servicios de atención a domicilio Público en Granada ha amenazado al Consistorio Municipal con suspender la prestación de servicios a más de 1800 granadinos como medida de presión para cobrar los servicios prestados de Octubre a Diciembre del 2004 y Mayo y Junio del presente año. Ambas partes, tras 21 años de trabajar conjuntamente, se encuentran en una tesitura difícil. El Ayuntamiento por su parte considera "ilegal" la subida de las tarifas horarias impuesta por la cooperativa en sus últimas facturas. La cooperativa argumenta haber tenido que aumentar el precio/hora del servicio al estar este muy por debajo de la media del resto de poblaciones de Andalucia ( 9,36€ frente a 11,45€). Se da la circunstancia adicional que esta "relación" se agrava si se tiene en cuenta que no existe relación "formalizada" entre ambas entidades desde el mes de Octubre.

Por otro lado en Úbeda ( Jaén) también se está viviendo una situación similar dado que las trabajadoras de este Ayuntamiento tampoco están cobrando sus nóminas desde hace 6 meses. A diferencia que en Granada en esta localidad las gerocultoras aseguran que no van a llevar a cabo ningún tipo de huelga puesto que no quieren poner en peligro a las personas que tienen a su cargo. El Ente Local aduce que no puede pagar los servicios prestados por no disponer de los recursos económicos necesarios que deberían llegar desde la Junta de Andalucía.

Estas dos situaciones, tan sólo son un ejemplo de algunas de las situaciones límite que están sufriendo poblaciones en toda España. Si analizamos fríamente la situación nos damos cuenta que los dos colectivos más perjudicados son, en definitiva, los más vulnerables: los/as cuidadores/as familiares y los mayores. Es importante entender que el compromiso social es ineludible y las Administraciones Públicas deberían ser consciente del nivel de responsabilidad que adquieren a la hora de ofrecer estas prestaciones que al final no son más que servicios para personas prestados por personas. Por otro lado, si estas situaciones se repiten se hará difícil encontrar a empresas privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén dispuestas a asumir relaciones con las Administraciones Públicas.

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