Malos datos de dependencia y soluciones para mejorarlos desde Andalucía

Se han cumplido diez años desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida popularmente como la Ley de Dependencia.

Es importante resaltar que se trata de una ley y prestaciones que hasta hace una década no existían y que son un derecho, y que se lucha por revertir los recortes que años de crisis y de políticas específicas han puesto en entredicho. El cambio social de mentalidad es un éxito.

Pero, es fundamental reconocer que una gestión poco competente, la retirada de fondos y otras cuestiones, están creando problemas y graves desigualdadescon resultados en muchas ocasiones muy lamentables.

Según datos del Imserso, a finales de enero del 2017 estaban reconocidas como dependientes 1 215 570 personas, de las que eran atendidas 873 706 y 341 864 estaban reconocidas, pero se encontraban pendientes, en lo que se conoce como el «limbo de la dependencia».

Durante los diez años de vigencia, siempre ha habido unas CC. AA. con más sensibilidad o diligencia, y eso no ha dependido de su color político, sino de la voluntad de sus gobernantes. Así, con datos de principios de 2017, Castilla y León, con 86 397 dependientes reconocidos, tan solo 1255 estaban a la espera, es decir, apenas tiene un 0,7 % de personas pendientes de atender, y con tiempos de espera prácticamente insignificantes, mientras que otras como Cataluña o Andalucía llegan a tener pendientes un 25 % y un 30 % respectivamente del total de personas reconocidas, además, Canarias en último lugar, Cataluña en penúltimo y Andalucía en antepenúltimo lideran con gran diferencia el ranking de mayor tiempo de espera para recibir la prestación a la que se tiene derecho.

Estos datos y otros que analizan los grados de dependencia indican que muchas CC. AA., al ritmo que van, tardarán años en eliminar las listas de espera, si no se crean servicios y se incrementan de manera notable las partidas presupuestadas. Lo terrible de estas cifras es que muchas personas fallecen sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho.

Una de las comunidades que se ha puesto en marcha para dejar de estar en los puestos de cola es Andalucía. Desde la oficina el El Defensor del Pueblo se ha emitido un informe que emplaza a la Junta de Andalucía a «reforzar los medios disponibles hasta normalizar la situación y aplicar el correspondiente baremo a las personas que presentaron la solicitud hace más de tres meses», y se ha puesto en marcha la solución.

El dato luctuoso es que, desde que se aprobó la Ley, 51506 andaluces con una dependencia reconocida fallecieron sin que recibieran la su prestación, según el Imserso.

La Ley fija que el plazo máximo para resolver el PIA (Programa Individual de Atención) es de seis meses. Los servicios previstos son una plaza en una residencia, una ayuda a domicilio, teleasistencia o una prestación por cuidados familiares. Este plazo se sobrepasa en Andalucía, en diciembre de 2016, en Andalucía había 95 933 personas a la espera de aguardando a que se les asignase la prestación.

Para solucionar la demora, el Gobierno andaluz ha aprobado un plan con tres objetivos: agilizar los procedimientos actuales, ampliar los supuestos de excepcionalidad y mejorar la atención a las personas con dependencia moderada. Se trata sobre todo de reducir los tiempos de espera y cumplir así los seis meses que marca la Ley para atender a los nuevos dependientes. Con la aplicación del Plan, se espera incorporar a más de 76 400 beneficiarios al sistema y acabar 2017 con más de 234 000 personas en situación de dependencia, frente a los 183 300 con los que empezó el año.

La agilización de los trámites se hará a través de dos vías: habrá un acceso ordinario y otro en función de la situación personal. Para lograrlo se refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Para aplicar el Plan, se han destinado 25 millones de euros que se añadirán a los 1181 millones ya presupuestados por la Junta para la atención de la dependencia.

El Gobierno andaluz sostiene que sufraga el 80 % del coste de las prestaciones, cuando debería ser el 50 %, también calcula que, desde 2012, el Ejecutivo central ha dejado de invertir en Andalucía 508 millones en dependencia, más otros 16 que corresponden a la puesta en marcha de la teleasistencia avanzada.

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