Las inspecciones,
en algún caso, se realizaron por requerimientos o expedientes previos, para
comprobar si se había llevado a cabo los cierres acordados o para atender a quejas
formuladas por los usuarios de las mismas en cuanto a la calidad del servicio
recibido.
En total se han hecho 185 inspecciones, 17 se llevaron a cabo en la provincia de Huesca, 65 en la Teruel y 103 en Zaragoza, que se enmarcan en el plan de inspección que estableció las líneas de trabajo que se llevarán a cabo entre los años 2016 y 2018, que se hace en coordinación entre la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios la Salud Pública.
Los requisitos establecían un plan extraordinario de regularización para aquellos centros que no cumplían los requisitos, sobre todo los administrativos como las licencias, al que se acogieron dieciocho centros que presentaron planes de mejora. De ellos, se aprobaron trece y a los cinco restantes se les transmitió un requerimiento de cierre que está por ejecutar.
Fruto también de las inspecciones es el requerimiento de cierre y apertura de expediente sancionador a otros cuatro establecimientos, alguno de ellos por haber iniciado su actividad durante el ejercicio 2016 sin la autorización previa. Cuando se da esta circunstancia, la propuesta de sanción es de 40 000 euros y cierre definitivo.
Con estas actuaciones, se pone en valor aquellas residencias y centros que trabajan con calidad y rigor, y se protege a los usuarios de abusos o de malas prácticas administrativas.
Resulta peculiar que hayan cerrado casi el 10% de las residencias de aragón
Enlace relacionado:
Residencias de mayores en Zaragoza