Casi todas las comunidades autónomas tienen normativas sobre residencias geriáricas en las que se especifica una ratio de personal (cuántos profesionales debe haber en relación con el número de residentes) y una diferenciación entre exigencia de personal de atención directa, indirecta y de determinados profesionales (médico, enfermería, fisioterapeuta...)
Aragón es una excepción ya que mantiene la normativa de 1992 con una exigencia tan exigua que ha llevado a que un grupo de trabajadores trabajadores se hayan movilizado frente a la sede del gobierno regional para exigir el aumento de plantilla en las residencias y centros de día para personas mayores de Aragón.
El sindicato UGT denuncia que la ratio es de por cada 100 residentes, 30 trabajadores, pero, al no estar diferenciadas las categorías, en esos 30 se incluyen cocina, limpieza, enfermeros o administrativos, lo que puede llevar a desequilibrios de manera que una plantilla esté infradotada de enfermeros o cuidadores y que tenga exceso de personal administrativo, lo que redunda de manera directa en la calidad del servicio. Por eso se considera imprescindible un cambio de normativa que fije el número de trabajadores de cada categoría laboral.
En abril de entregaron más de 7 000 firmas a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales para reclamar el cambio de condiciones, pero no se ha tenido respuesta.
Las reclamaciones piden que se adecúen categorías y número de trabajadores a la aplicación de la Ley de Dependencia. Se este modo, establecen como base necesaria por cada 100 residentes 40 gerocultores, 5 enfermeros, dos médicos, dos fisioterapeutas y dos terapeutas ocupacionales, que cubrirían personal a tiempo completo con descansos semanales, permisos y vacaciones.
También preocupa la limpieza de los centros; en este apartado se piden 15 empleados de este servicio por cada 100 residentes.
Lo cierto es que los sindicatos pecan de exceso y que lo correcto sería adecuar la normativa a lo que se exige en otras comunidades autónomas y no pasar de ser la comunidad menos exigente a la más.
Según el sindicato, el problema es general en todas las residencias de Aragón, ya sean públicas, concertadas o privadas pues es una normativa base general.