ARAGÓN CERRARÁ SIETE RESIDENCIAS POR IRREGULARIDADES

Según el Heraldo de Aragón , siete residencias geriátricas de Zaragoza tienen abierto un expediente sancionador que comportará con toda seguridad su cierre debido a las irregularidades que han detectado los servicios de inspección.

Detrás de esta información, que tiene como fuente unas declaraciones de la Directora General de Bienestar Social es difícil no entrever un reproche a los anteriores ocupantes del gobierno de Aragón.  La Directora General ha anunciado que se ha aprobado un plan de inspección que tiene mucha prioridad y para el que se ha creado una "unidad específica".

Cualquiera que lea la noticia se quedará con la idea de que los centros que cierra la administración deben estar prestando unos servicios tan deficientes que no existe otro medio de garantizar el bienestar de los residentes que proceder al cierre.  Si se lee más a fondo se cambia de idea.

Resulta que a los dueños de las residencias les caerá una multa de unos 30.000 Euros, una sanción de inhabilitación y dispondrán de "entre un mes y un año" para recolocar a los residentes.   Además, la misma notica enlaza con otra del 21 de febrero de 2012 según la cual algunas residencias tienen orden de cierre desde 2005.

Si alguien tiene tiempo y quiere leer el informe del Justicia de Aragón sobre residencias de 2007  verá que el sistema mismo de autorizacion que se utiliza en Aragón hace que algunos centros lleven funcionando muchos años con una autorización provisional porque la administración no la convierte en definitiva. 

O sea, que la cosa tiene bastante más profundidad que la aparente.  No estamos ante la administración justiciera que ha detectado a unos malvados y ha actuado sino ante una reglamentación defectuosa, una actividad inspectora que no ha sido constante y, siendo benévolos, ante alquien que ahora quiere poner en orden las cosas y ha caido en la tentación de llamar a los medios para "adornarse un poco".