La medida de atar a las personas es una práctica que, en ocasiones, se
produce por cuestiones organizativas, de comodidad o de miedo de los
profesionales ante una posible caída o percance, no porque haya una
justificación médica o conductual.
En el organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) existe un protocolo respecto al uso de sujeciones y contenciones, que se elabora desde los equipos interdisciplinares de los centros y que exige la autorización firmada del médico o, del director de la residencia en su ausencia, para utilizarlas. Esta autorización solo se soslaya en casos de flagrante urgencia.
El ejecutivo regional está elaborando un protocolo que se insertará en la Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a establecer un programa para acabar de forma progresiva con las sujeciones mecánicas en el cuidado de personas mayores en cualquier ámbito, sobre todo en el de residencias de la tercera edad, que aprobó la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados el 16 de mayo.
Esta ley establece un registro a nivel nacional de los centros que llevan a la práctica las sujeciones y el número de pacientes afectados. También establece un calendario para acabar de forma progresiva con esta práctica, que contempla incentivos para las residencias que las eliminen. Una cuestión importante es que plantea la rescisión de los concierto a las residencias geriátricas que no lleven a cabo un programa efectivo de eliminación de sujeciones.