Dos noticias privinientes de Asturias nos han llamado la atención este mes.
Por un lado, la comunidad ha anunciado que hará firmar a todas las residencias geriátricas de Asturias acreditadas un manual de buenas prácticas. Se trata de parte de un plan de calidad al que deberán ajustarse las residencias públicas y concertadas.
Llamar a la puerta antes de entrar en las habitaciones. No elevar la voz y evitar epítetos supuestamente familiares, pero que ocultan una clara falta de respeto. Esas ideas, esbozadas en su etapa de directora general de Mayores, las ha convertido en norma de obligado cumplimiento la actual consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez.
Todas ellas se incluirán en un código de buenas prácticas que deberán firmar, obligatoriamente, todos los geriátricos privados que quieran concertar plazas con el Principado.
Este código tendrá un 'hermano mayor', que será un plan de calidad al que deberán certificarse todos los dispositivos asistenciales de la región, ya sean destinados a mayores, como a personas con discapacidad. Este plan está incluido en las directrices de la Ley de la Dependencia.
Fuentes oficiales de la Consejería de Bienestar Social hablan de ese plan de calidad, así como de un programa de asesoramiento a los centros para que sepan qué deben hacer para adecuarse a las nuevas normativas, «ya que lo que se persigue es que la calidad que se dé al usuario sea, no sólo, la más alta posible sino que igual en todas las partes de la región».
Esta noticia que parece positiva contrasta con otra que demuestra que todavía desde las administraciones se habla de las residencias desde la desconfianza. Se trata de la noticia que indica que las residencias recibirán inspecciones semanales "e incluso diarias". No es que esté mal que exista un control, como en cualquier otro sector de actividad. Lo que pasa es que hablar de inspecciones semanales traslada la idea de que los centros funcionan tan mal que necesitan de esa supervigilancia. Además hablan de "inspecciones sorpresa", lo que indica que hasta ahora los inspectores avisaban de su s visitas. Leyendo toda la notica sacamos la conclusión de que quizás las cosas no están tan mal (dice que en un año no se sancionó por ninguna infracción muy grave) por lo que los recursos que se dediquen a esa "supervigilancia" podrían dedicarse a la atención directa en vez de al control. Leamos la noticia:
El control a los geriátricos se multiplicará en 2008. Habrá inspecciones semanales, incluso diarias, que afectarán no sólo a las residencias de mayores, sino, también, a los centros de día y los dispositivos destinados a las personas con discapacidad. En total, 13.000 plazas, de las cuales la mayoría, 9.900, son geriátricas, que serán revisadas con mayor profusión que hasta ahora por un equipo de inspección que pasará de las tres personas que lo conforman en la actualidad a una cifra, aún sin cuantificar, pero que podría triplicar los efectivos.
Así lo aseguraron a EL COMERCIO fuentes de la Consejería de Bienestar Social, desde la que se aseguró que el nuevo plan de inspecciones «estará en vigor el año próximo», para garantizar «una mayor calidad en la atención a las personas mayores».
En esa línea de incrementar los esfuerzos controladores, desde la consejería que dirige Pilar Rodríguez se explicó que «los inspectores no tendrán, como hasta ahora, la única misión de vigilar el funcionamiento de las residencias de mayores, sino que, también, queremos incluir a los centros de día, de los que Asturias dispone de 1.300 plazas, y los dispositivos destinados a las personas con discapacidad, que en la región suman 1.800 plazas».
El objetivo es que todos los servicios implicados en la Ley de la Dependencia «tengan los mismos controles que, hasta ahora, sólo tenían asignados las residencias para mayores». Esto llevará a que, a partir de enero, se produzcan muchas «inspecciones por sorpresa», que pueden tener lugar a cualquier hora del día o de la noche.
22 denuncias
Este incremento de la actividad llega después de un parón en el funcionamiento del servicio, afectado por bajas laborales. Sin embargo, la Consejería de Bienestar Social insiste en que el trabajo de control «se mantuvo». De esta manera, en lo que va de año se llevaron a cabo 47 inspecciones, y en 2005 se llegaron a contabilizar 140.
No obstante, todas las denuncias presentadas este año, 22, fueron atendidas, y se sustanciaron en diez expedientes sancionadores. Según explicaron fuentes oficiales, de esas 22 denuncias presentadas, siete «se referían a asistencia inadecuada», mientras que cuatro hacían referencia a la insalubridad y tres a cuestiones de maltrato. Sin embargo, las inspecciones resultantes no descubrieron «ninguna situación de maltrato», ya que todos los expedientes, salvo uno, tienen como origen «o bien el funcionamiento sin autorización o bien que han realizado obras sin la preceptiva licencia».
Aunque no fueron facilitadas las cuantías de las multas, ninguna llegó a la calificación de muy grave, que implica el cierre del establecimiento, como sí ocurrió en años anteriores. Desde 2002 han sido clausurados un total de 63 residencias en toda la región. Bienestar Social precisó, no obstante, que en lo que va de año «han cerrado diez geriátricos», aunque todos ellos por iniciativa del empresario y no porque mediase ningún expedientes de por medio.