Asturias cierra siete geriátricos en cuatro años por irregularidades

No es buena noticia que las residencias para mayores presenten irregularidades o fallos graves. Sí lo es en cambio que funcionen los servicios de inspección y que se clausuren establecimientos que no solo no cumplen con la normativa, sino que ponen en riesgo la salud de las personas y desprestigian la labor del resto de las empresas del sector.

En Asturias, en los últimos cuatro años se han cerrado siete residencias geriátricas. En todas fueron los propietarios de los centros los que los clausuraron después de que la inspección de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales iniciara un expediente.

Las residencias presentaban incumplimientos administrativos, carecían de autorización, incumplían la legislación e, incluso, en la última que ha cerrado, no tenía personal de atención para los residentes, uno de los cuales encontraron deambulando por la ciudad y a otro tirado en el suelo. 

También se han impuesto 24 multas, la más alta de 250 000 euros, aunqueninguna por maltrato a los usuarios. Además, se han presentado 94 denuncias por calidad de la comida, escasez de plantilla y otras cuestiones como número de cambios posturales. De las denuncias presentadas, veintinueve concluyeron con apertura de expediente. 

Una de las carencias para controlar la calidad de la atención a las personas mayores es que solo hay 6 inspectores para 552 centros en todo el principado, que además, deben compaginar la inspección de residencias y centros geriátricos con otras instalaciones y servicios. Son 234 centros de mayores, 94 de personas con discapacidad, 85 guarderías o ludotecas, 76 centros de día; 50 centros de menores, 8 centros rurales de atención diurna y 5 centros para atención a víctimas de maltrato. Se trata de un trabajo heterogéneo e ingente que precisa de forma clara un aumento de plantilla para poder llevar a cabo inspecciones rigurosas y periódicas.

Fruto del trabajo de los inspectores fueron 720 expedientes diferentes. Muchos de ellos derivan de campañas específicas de un aspecto concreto, por ejemplo, en 2016 se controló la ratio de personal en los centros privados, lo que generó 309 expedientes, en 2017 y 2018 se revisó la seguridad de los centros públicos, etc. Que se abra expediente no deriva en un proceso sancionador, de hecho, el 90 % de los centros asturianos cumplen con la normativa y en muchos casos lo que plantean son mejoras al servicio que se da.   

En cuanto a la ayuda a domicilio, en esta legislatura se han acreditado laboralmente 716 personas, 545 tienen la acreditación definitiva y 171 la provisional.

Con referencia a los centros de mayores, Asturias dispone de 234, de los cuales 65 no están acreditados, solo tienen permiso de funcionamiento. Eso significa que, aunque sean legales, no pueden concertar plazas con la Administración. Tampoco disponen una garantía de nivel de calidad en la atención desde el punto de vista administrativo.