Tener una lista de espera de 1.180 solicitudes para ingresar en residencia es algo que incomoda a cualquier responsable político. Esto es lo que sucede en Gran Canarias y, tras examinar los expedientes, la conclusión a la que llegan desde el cabildo, según informa Canarias Ahora.com el 17 de mayo, es que el 82% de las personas que están en esa lista, no precisan realmente una residencia. Si la necesidad social y las patologías se valorasen de forma diferente a como se hace ahora, o sea, si hubiese un nuevo baremo, la lista se ajustaría a la realidad.
Por supuesto, esta apreciación no ha sido desperdiciada por la oposición que, sólo un día después ha acusado al gobierno insular de ineficaz y de privatizar los servicios sociales.
Eficaz o ineficaz es una cosa, pero decir que privatizar la gestión de las residencias públicas supone "una renuncia a la responsabilidad pública sobre los servicios" y que supone crear desigualdades entre los usuarios, es algo realmente sorprendente.
Creíamos que ya se había superado la trasnochada discusión sobre si se debe tender a la gestión privada de los servicios públicos. Y lo creíamos porque gobiernos de todos los colores, desde el PP en Madrid o Valencia, el PSOE en Castilla La Mancha o Andalucía o los pactos varios como Catalunya, vienen aplicando de forma totalmente normalizada la gestión por parte de empresas de las residencias públicas, sin que ello haya supuesto una merma en el servicio.
Quizá sería hora de que los políticos de diferentes colores aceptasen en este campo unas reglas que no deben saltarse.
El futuro de la atención a la dependencia, pasa, entre otros factores, porque las adminsitraciones sean eficientes en la utilización de recursos, y esto, a la vez, pasa por profundizar, cada vez más en la colaboración entre las administraciones y la iniciativa privada.
Hay mucho campo de debate, muchas posiblidades de acusaciones mutuas por lo que deberíamos dejar de una vez discusiones estériles.