Cantabria gastó en la anterior legislatura 220 000 euros en estudios sobre la dependencia y ACP

En los cuatro años de la pasada legislatura, el gasto en informes y estudios sobre la dependencia realizados por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales ascendió a 629 679 euros. El gasto se eleva al millón de euros si se suman los arrendamientos y cánones de este periodo.

Una parte significativa de este gasto (221 179 euros) correspondió a estudios e informes sobre la implantación del modelo de atención centrado a la persona. Se trata de un sistema de atención más individualizado que se quiere implantar en la región en los centros de mayores, residencias para la tercera edad y los centros y residencias para personas con discapacidad.  

Algunos de ellos son el estudio Informe de resultados de la investigación sobre los servicios que facilitan la permanencia en su domicilio y en el entorno comunitario de las personas en situación de fragilidad o dependencia de Cantabria según el modelo de atención integral y centrada en la persona, a cargo de la Fundación Pilares o trabajos para promover la implantación del modelo centrado en la persona en los centros de atención a las personas en situación de dependencia hechos por la Fundación Matia.

La intención de implantar el modelo se ha reflejado en órdenes aprobadas en la recta final de la legislatura. Sin embargo, en Cantabria, el modelo que predomina es el de residencias concertadas, y las tres asociaciones que representan al sector de las residencias que prestan servicios para la atención a la Dependencia en Cantabria; la Federación Empresarial de la Dependencia, Lares Cantabria y PAD Cantabria han manifestado su rechazo a este nuevo modelo pues consideran que incluyen condiciones de personal y aumento de ratio del mismo y adaptaciones físicas que encarecerán el precio de las plazas.  

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha señalado que la lista de espera en la atención a los dependientes en grado moderado en Cantabria, en abril de este año, duplicaba la media nacional. La justificación por parte del Gobierno es la falta de presupuesto. A esto el Defensor del Pueblo contestó que la dependencia es un derecho subjetivo y que por lo tanto no está sujeto a restricciones presupuestarias.