En abril de 2006, la Junta de Castilla León estaba «cansada» de esperar al Ejecutivo central y decidió tomar ella la iniciativa e impulsar su propia Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. El motivo, según leíamos entonces en El Norte de Castilla eran los retrasos en la tramitación de la Ley estatal y lo poco que se tenía en cuenta a las comunidades autónomas en su redacción.
Tres años después la noticia vuelve a salir a la luz. Leemos en El Mundo que la Junta ultima una nueva Ley de Servicios Sociales que modernizará y simplificará el sistema, además de ajustarlo a las necesidades específicas de Castilla y León.
Como novedades respecto a la Ley de Dependencia, la ley que se anuncia reconocerá 13 prestaciones esenciales que tendrán carácter de derecho subjetivo, lo que implica que las administraciones tendrán la obligación de prestarlas, a petición del demandante (que reuna los requisitos objetivos para su concesión) y al margen de su coste y demanda. Dentro de estas prestaciones esenciales está la teleasisencia universal para todos los mayores de 80 años de la comunidad.
También anuncian la existencia de una historia social única y otros aspectos remarcables:
- Determinará un procedimiento de acceso, valoración e intervención unificado, centrado en las personas mediante planes individualizados de caso.
- Reforzará el sistema de responsabilidad pública y regulará las obligaciones de todos los recursos (públicos y privados)
- Incorporará de pleno derecho a Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. Determinará las competencias de cada una de las administraciones.
- Incorporará los procedimientos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios públicos
- Establecerá las reglas y fuentes de financiación