Según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a
30 de junio de 2016, Castilla y León había incorporado ya al 95,14 % de
las personas dependientes de Grado I, que son en la Comunidad 25 006
personas y un porcentaje de personas atendidas siendo la primera en
incorporaciones y muy por encima de la media española que está en el
34,47 %.
También según los datos facilitados por el IMSERSO, las personas reconocidas como dependientes severos y grandes dependientes —grados II y III— en Castilla y León estaban en un 99,73 % atendidas, sin lista de espera, frente al conjunto del país que tiene en esa lista al 15,4 % de las personas reconocidas.
Es muy importante señalar que en Castilla y León es una comunidad muy envejecida, motivo por el cual se encuentra por encima de la media española en lo que respecta a solicitudes en relación con la población, un 4,74 % frente al 3,46 % nacional, sin embargo, el número de personas que están recibiendo prestaciones está muy por encima de la media, el 3,32 % frente al 1,77 % nacional y es el más alto de España.
Otro dato que muestra el buen funcionamiento de la aplicación de la ley es que Castilla y León es la segunda Comunidad española en la que las personas dependientes utilizan proporcionalmente más los servicios profesionales, un 77,39 %, frente a las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, un 22,61 %. Este dato hace que Castilla y León esté a la cabeza en la creación de empleo en este sector tanto por la demanda de profesionales que presten servicios especializados en domicilios como trabajadores para los centros de día y residencias de mayores.