Polémica en Castilla-León por el precio público de las residencias

Este sistema se parece en algo al que existe en Residencias geriátricas de Cataluña, Navarra o Asturias pero está generando preocupación y quejas por parte de los residentes. Así es como lo ha descrito el diario el Adelantado de Segovia en su edición de 26 de abril de 2001:

El decreto por el que se modifica el régimen de pago de las plazas residenciales ha indignado a los ancianos de Castilla y León y a sus familiares. Mientras que la versión oficial sostiene que solo afectará a los nuevos ingresos, los actuales residentes no están tranquilos.

Maria Velasco / Cristina Alarcó
Los ancianos de las residencias segovianas están preocupados por el nuevo decreto que modifica el régimen de pago de las plazas residenciales. A pesar de que el Consejero de Sanidad y Bienestar Social, Carlos Férnandez Carriedo, haya insistido en que la medida solo afectará a los nuevos ingresos o a aquellos residentes que lo acaten voluntariamente, las personas mayores están onvencidas de que al final les afectará.

La Asociación de Residentes y Familiares de la Residencia Asistida (ADRYFRA) se reunió en asamblea el pasado sábado para estudiar la posibilidad de recurrir este decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Asimismo, están recogiendo firmas que enviarán al Procurador del Común, ya que consideran esta medida discriminatoria con respecto al resto de las comunidades autónomas.Esta asociación definió la nueva normativa como "un atraco a mano armada”.

En la reunión, la mayoría de los mayores que viven en residencias de ancianos de Castilla y León dejó clara su intención de negarse a firmar cualquier documento que les comprometa a aceptar las nuevas condiciones del decreto.

Esta medida afectará a los ancianos que ingresen en las residencias dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos. Hasta el momento los residentes pagaban el 75 por ciento de sus ingresos mensuales, pensión y rentas, al Gobierno Regional.

Con el nuevo modelo de financiación de plazas se establece un precio fijo de 120.000 pesetas al mes. El anciano seguirá pagando el 75 por ciento de su mensualidad, que en caso de ser menor al precio fijado, producirá una deuda acumulada. La Junta cobrará esa cantidad del patrimonio personal del residente cuando éste fallezca o abandone su plaza.Para Pilar Sastre, residente del centro de válidos, es "un abuso de la Junta de Castilla y León sobre nosotros”. "Nos van a dejar sin dinero”, advirtió.

Otras provincias de la comunidad también se han movilizado ante las nuevas medidas de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Es el caso de la Residencia Los Royales de Soria, donde 70 ancianos se manifestaron el pasado martes en contra del decreto.

El lema de la concentración era claro: "Los residentes en contra del decretazo”. Sus representantes se reunieron con el director del Imserso de Soria, José Antonio López Fuster, quien les aseguró que la citada norma se encuentra paralizada y en fase de estudio.

"Tendremos que aceptar la medida,
pero no nos sienta bien”
María Cubero, residente en el centro de válidos, estaba indignada con la nueva medida de la Junta de Castilla y León. En declaraciones a este diario, afirma que "es un atraco, porque cuando entramos en estos centros nos deberían haber informado de las condiciones”. A María este decreto le ha parecido "muy mal, porque hay que dejar lo que se tenga a los familiares; tendremos que aceptar la medida, pero no nos sienta bien”. Además esta medida le parece discriminatoria: "¿Por qué no es a nivel nacional?. O todos o ninguno”.

"No puede ser que cobres 60.000 pesetas
y te pidan 120.000”
Aurelio Sanz es el poeta de la residencia. Después de recitar una de sus ácidas obras, declaró: "Reconozco que hay un desfase muy grande entre lo que pagamos y lo que gastamos, pero lo que no puede ser es que cobres 60.000 pesetas y te pidan 120.000”. Este residente de 87 años está indignado por el nuevo decreto: "Lo que no es normal es que haya estado uno trabajando y ahorrando toda la vida y al estar aquí te dicen que si no pagas todos los meses acumulas una deuda que te cobrarán cuando mueras para llevárselo todo”.

"Aquí es donde nos dan de comer y nos atienden” A pesar de los múltiples detractores del nuevo decreto, hay residentes que lo apoyan. Es el caso de Tomás Rodríguez, quien defiende esta medida, ya que no tiene hijos y prefiere dejar su patrimonio a la residencia donde le cuidan.
"Veo bien la subida. Aquí es donde nos dan de comer y nos atienden; es aquí donde lo debemos pagar. Los hijos traen a sus padres a la residencia y les abandonan. Se van y les dejan, quedándose sin gastos en casa. Por eso yo pago aquí con mucho gusto”.

"Muchos han firmado ya el papel, pero yo no pienso” Justa Gómez se encontraba de paseo con un grupo de amigas por el jardín de la residencia, pero fue la única que quiso dar su nombre y apellidos. "Me parece mal porque no podemos pagarlo. Cobro la paga ordinaria , me quedan 15.000 pesetas al mes, pero como no tengo finca ni casa no me pueden quitar nada. Esto es una discriminación muy grande; ¿por qué nos hacen esto? ¿ es que somos Castilla y León más que nadie? Yo no lo entiendo. Muchos han firmado ya el papel que les compromete, pero yo no pienso”.

"A mí no me afecta nada porque no tengo nada” Para Agustín Martínez es muy dificil expresarse. Prácticamente carece de voz, pero aún así quiso dar su punto de vista a propósito de las nuevas modificaciones en el pago de la plaza residencial. Este anciano se preocupa por la situación de los demás residentes, ya que la suya esta clara. "Es catastrófico, me parece muy mal. A mí no me afecta nada porque no tengo nada, pero a quien tiene le quitan todo el dinero. Pero al fin y al cabo a mí me da igual porque nada me pueden quitar. Estamos todos muy alterados por el cambio”.


También el Diario de Burgos Digital ha reflejado la polémica mencionando las críticas recibidas por el gobierno autonómico desde el PSOE.

El PSOE califica de antisocial el decreto de la Junta sobre las residencias de ancianos  Fernández Carriedo afirma que cuenta con el apoyo del Consejo Regional de Personas Mayores, del CES y del Consejo de Estado.

Los socialistas aseguran que la nueva normativa puede ser incluso de «dudosa legalidad», al pretender que tenga efectos retroactivos.