Desde la entidad regional se reclama
a la Junta que asuma sus competencias en educación, servicios sociales y
sanidad, aunque se está a la espera de que se resuelva el problema de la financiación autonómica. El motivo
de la reclamación es que en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local se recoge que la Junta se debe hacer cargo de las
residencias para personas mayores, bien sea directamente, o bien aportando la
financiación necesaria a la Diputación.Debido a que la ley citada está sujeta a que se defina el modelo de financiación autonómica, la Diputación burgalesa destinará a las cinco residencias geriátricas que están en su ámbito de actuación casi 20,5 millones de euros, dinero al que se sumará el aporte que deberá hacer la Junta.