En el borrador de presupuestos del
años próximo, el equipo de gobierno de la Diputación de Burgos mantiene las la gestión de las cinco
residencias de personas mayores (dos en la capital y tres en la provincia),
a pesar de sean centros que entran el ámbito de competencia del Gobierno
regional.
Desde la entidad regional se reclama
a la Junta que asuma sus competencias en educación, servicios sociales y
sanidad, aunque se está a la espera de que se resuelva el problema de la financiación autonómica. El motivo
de la reclamación es que en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local se recoge que la Junta se debe hacer cargo de las
residencias para personas mayores, bien sea directamente, o bien aportando la
financiación necesaria a la Diputación.
Debido a que la ley citada está
sujeta a que se defina el modelo de financiación autonómica, la Diputación
burgalesa destinará a las cinco residencias geriátricas que están en su ámbito
de actuación casi 20,5 millones de euros, dinero al que se sumará el aporte que
deberá hacer la Junta.
Burgos cuenta con una población
altamente envejecida, sobre todo en las localidades de tamaño mediano y en los
pueblos, por lo que garantizar un servicio
residencial ya sea de titularidad pública, privada o concertada para
las personas mayores es fundamental.