Galicia prioriza la ayuda a domicilio en los cuidados a personas mayores

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de Galicia en su Observatorio de la Dependencia advierten de que las prestaciones que se dan son en su mayoría de las de bajo coste: teleasistencia y ayuda a domicilio. Esta priorización hace que no aumenten en el número adecuado las plazas en residencias geriátricas y que se genere una atención que en numerosas ocasiones no es suficiente o adecuada.

Según el Ministerio de Sanidad, en Galicia el pasado se incorporaron 6269 personas al sistema de dependencia. Con ellas, en la comunidad hay 67 195 personas con derecho a prestación. Esta prestación la reciben 55 300, y de éstas 20 251 (el 31,76 %) su prestación consiste en ayuda a domicilio. Los otros servicios son el 6,38 % tiene teleasistencia, el 6,71 % recibe prevención y promoción de la autonomía personal, el 20,55 ayuda para cuidados familiares y el 10,8 prestaciones económicas vinculadas al servicio deresidencia.

Para las nuevas atenciones, según su informe de 2017, la Asociación de Directores Sociales, el servicio de ayuda a domicilio monopoliza el 50 % y la mitad restante se ha centrado en servicios de bajo coste. Aunque se incrementado el número beneficiarios, en servicios de mayor coste, como la atención residencial, ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición del año anterior, pues, a pesar de la gran carencia, se cerró el ejercicio con 78 plazas residenciales menos. 

A fecha de 31 de marzo pasado, 8100 personas disponían de una plaza de residencia, el 12,70 % de las prestaciones concedidas y otro 10 % disponía una plaza en centro de día.

Para ver la incidencia que tiene esta política, basta con ver que mientras en el resto del estado la media de concesión de atención domiciliaria es de un 16,9 %, en Galicia es del 31,7 %. En cuanto a plazas residenciales, está en el 12,7 %, por debajo de la media de 13,24 % del resto de comunidades.

En este último observatorio de la dependencia, se da el dato de que Galicia contribuye con 252 millones a los costes de la dependencia en su territorio, un 75 % del gasto público, y la Administración General del Estado, por 84 millones, el 25 %. En cuanto al empleo, el sistema genera en torno a los 15 200 puestos de trabajo estables y no deslocalizables. Según cálculos de la Asociación, si el Gobierno central no hubiese aplicado recortes económicos desde 2012, se hubieran podido atender este año a 5946 personas con dependencia y se habrían creado y 1555 nuevos empleos.