BALEARES: POLÉMICA POR GESTIÓN PRIVADA DE RESIDENCIA PÚBLICA

Lo hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones: Cada vez que una adminsitración decide optar por la gestión privada de una residencia geriátrica pública, desde la oposición (no siempre del mismo color político) surgen críticas por el hecho de querer "privatizar los servicios" o porque alguien "haga negocio" con los servicios sociales.

Estas críticas suelen ignorar que el motivo de optar por una gestión privada de servcios públicos es la mayor eficiencia (atender a más personas con mismo dinero) e igual eficacia (sin alterar la calidad del serivcio). En un modelo de gestión privada la administración mantiene una altísima capacidad de control y supervisión del servicio que se presta y tiene herramientas para corregir deficiencias (la rescisión del contrato por incumplimiento y la convocatoria de concursos periódicos). No es extraño que cada vez sea más común que las administraciones opten por esa vía.

Por eso sorprende que, hoy por hoy se produzca la polémica que relata el Diario de Ibiza de 15 de septiembre. Llamamos la atención sobre la respuesta del conseller de Sanidad y Asuntos sociales a la crítica de la oposición por utilizar la gestión privada, al decir que ellos utilizan ese sistema mucho menos que otras administraciones parece estar adminitiendo que se trata de algo malo:

El equipo de gobierno del Consell Insular defendió ayer la gestión privada de la nueva residencia de mayores  de Ibiza de Santa Eulària, aunque tuvo que soportar las críticas del Pacto Progresista por haber «renunciado» al control que, por ley, tenía de este centro.

El conseller progresista Miquel Ramón explicó que el Consell Insular tenía competencias plenas en materia de residencias de mayores, pero que las devolvió al Govern balear y éste, a su vez, está a punto de adjudicar la gestión de la residencia de Santa Eulària a una empresa privada. De este modo, «el Consell tendrá que pedir permiso para entrar en su propia casa», lamentó Ramón.
El conseller afirmó que «se está haciendo una dejación ilegal de las responsabilidades propias» y deploró que «se esté haciendo negocio a costa de nuestros mayores».

El conseller de Sanidad y Asuntos Sociales, Vicente Serra, admitió la existencia de algún «error» en todo el proceso, pero defendió la gestión privada de centros, «como se hace en muchas partes». Aseguró que «es un modelo tan legítimo como el suyo» y afirmó que en toda España el 50% de las plazas de residencias son de gestión privada, mientras que en Eivissa sólo lo será el 22 por ciento.

Además, defendió la legalidad de esta decisión y recordó que el Govern balear avala la totalidad del gasto de esta instalación. También dijo que en la actualidad el Consell está negociando con el Govern una fórmula de participación en la gestión, anuncio que acrecentó aún más la indignación de Miquel Ramón, quien lo consideró una demostración de que «hemos entregado nuestras competencias al Govern».