07/08/2006

¿CUÁNTO CUESTA UNA PLAZA EN RESIDENCIA PÚBLICA?

¿CUÁNTO CUESTA A LA ADMINISTRACIÓN UNA PLAZA PÚBLICA?

 

A menudo suele suscitarse una polémica en el sector geroasistencial. ¿Cuánto le cuesta a la administración una plaza pública?. La pregunta tiene una derivada inmediata ¿Es razonable que tres personas con los mismos derechos a atención pública reciban servicios de la administración con costes totalmente distintos?

Hoy día sabemos qué pagan las administraciones por una plaza concertada; sabemos lo que paga a una empresa o institución que gestiona una residencia pública e incluso lo que se paga en los sistemas novedosos ("Plan Velocidad de Madrid", "Sistema Alemán" castellanomanchego, "Sistema de colaboración catalán"..) Pero ¿Cuánto cuesta a la administración dar servicio en una residencia en la que el edificio es público y las personas que trabajan son empleados de la administración?

Sería muy interesante poder hacer un cuadro comparativo exhaustivo y acompañarlo de un analisis de la calidad de cada uno de los servicios (objetiva y percibida) para saber si existen diferencias de coste y si éstas tienen una justificación defendible.

Mientras tanto, como herramienta de reflexión podemos leer la noticia apaecida el 23 de julio en el Periódico Ultima Hora de Ibiza, firmado por C. Alcántara, que empieza diciendo que "el coste de una plaza de una residencia para mayores puede alcanzar 1.950 euros al mes".


El coste de una plaza en una residencia no tiene un precio fijo sino que varía según los ingresos. El precio es muy variado y en la residencia de Cas Serres, una de las dos existentes en Eivissa, hay personas residentes que no tienen ningún tipo de ingreso hasta aquellas que pagan la máxima cuota, que asciende a 1.950 euros al mes. «Es el 1% de los que tenemos», precisó el conseller insular de Benestar Social , Vicent Serra.

Cas Serres, con titularidad del Consell, cuenta con una ordenanza fiscal que establece varios precios, que dependen del grado de dependencia. Así, los menos dependientes, semiasistidos, tienen una tarifa al día de 45 euros; los asistidos y más dependientes, 55 euros, y los que tienen una complicación médica, no usuarios del centro de agudos, es de 65 euros al día. En este último caso se trata de personas sin pensión y que pueden abonar esa cantidad. La mayoría pagan de acuerdo con su pensión, pero hay otros sin ingresos. «Hay que decir que el que no puede pagar, no paga.La casuística más importante es la gente que no puede pagar estas tarifas [las que ascienden a 1.900 euros], pero sí tienen unas pensiones, cuya media puede ser de 600 o 700 euros», explicó.

Con esa pensión se le aplica es la siguiente tarifa: en semiasistidos el 75% de la renta total de residente; en asistidos, el 80 por ciento y si es una atención sanitaria compleja, el 85% de la renta total. Además, se asegura siempre que el paciente pueda tener un mínimo de 70 euros al mes, el denominado mínimo de bolsillo.

En el caso de las nuevas residencias públicas, la más próxima la de Santa Eulària, el Consell todavía no ha hecho la ordenanza fiscal, pero serán similares a los de Cas Serres. «Es absurdo poner una tarifa más elevada; lo que no puede ser es que una persona asistida en Cas Serres pague 45 euros diarios y en Santa Eulària más o menos».

Lo que sí tiene claro el Consell es que no es ningún negocio. «El coste de una plaza para el Consell es muy superior, la mitad del coste real», ya que en ese coste se incluyen también los servicios médicos ya que el sistema sanitario público es gratuito.

Además de las 166 plazas de Cas Serres, el Consell tiene 20 concertadas con la Residencia Reina Sofía, de la Fundación Diocesana. Las tarifas de Reina Sofía, con 55 plazas sin contar las concertadas, oscilan entre los 925 euros de una persona válida a los 1.256 de una persona asistida. Al margen de las tarifas se estudia cada caso de manera particular.

El 70% de las plazas para mayores en las residencias son públicas, «sin contar las que se van a hacer», dice el conseller. Una tendencia puesta a la península en la que predominan las privadas. Lo que sí cree Serra es que «si se cotizamos podremos pagar una residencia pública en un futuro».