¿POR QUÉ EL 44% DE LAS AYUDAS SON "SIN ESPECIFICAR"?

La queja más habitual entre los prestadores de servicios a la dependencia es el abuso que se está haciendo de la prestación económica para el cuidador no profesional que, según la Ley debería ser excepcional pero se ha conventido en la ayuda más prestada menoscabando la calidad y profesionalidad de los servicios.

Pero existe otro punto negro de la Ley que consiste en la imposibilidad aparente de saber qué tipo de prestaciones están prestando las comunidades autónomas en más de un 40% de los casos.

La cosa, en principio es simple: existe un sistema informático común de forma que todas las comunidades "alimentan" la misma base de datos y el Sistema de Información de la Dependencia nos los ofrece a todos. Pues bien, un 44% de los expedientes aparecen como "sin especificar". Sabemos que se da la ayuda, el Estado tiene que asumir su parte pero, por algún motivo, no consta qué se está dando concretamente.

Un interesenta artículo aparecido en el País de 4 de marzo nos da la clave, basándose en la reciente aprobación de un Rel Decreto. Según ese artículo:

Al inicio de la ley, algunos dirigentes de comunidades reconocían que uno de los primeros pasos que se dieron fue registrar en el sistema a los discapacitados ya atendidos, ancianos en residencias, por ejemplo, para ir recibiendo dinero estatal y seguir implantando la ley. Pero eso será ahora imposible también porque la modificación de la ley obliga a que sea el propio anciano o sus familiares los que inicien el procedimiento.

Pero esos, al menos, estaban ya atendidos. Lo que se desconoce es si lo están los nuevos solicitantes, los que no recibían ayuda alguna y ahora tienen reconocido ese derecho aunque las comunidades no indican qué prestación les corresponde. Puede que estén en su casa esperando.

El Gobierno ya dio el año pasado un plazo de seis meses a las comunidades para que aportaran esa información "en aras de una mayor claridad", se dijo entonces. Pero también se habló de cortar el grifo del dinero si esto no se hacía. Pues no se hizo del todo, y casi la mitad de los beneficiarios siguen en el misterio.

¿Por qué las comunidades no especifican la prestación que ofrecen? Las respuestas son variopintas. En Aragón dicen que no pueden porque les faltan los últimos trámites burocráticos, que de su porcentaje de dependientes sin prestación especificada hay unos 3.000 muertos por cuya solicitud se pagará, pero ya no recibirán ayuda alguna y, por último, señalan que el Gobierno no ha pagado aún por todas esas personas. En Andalucía la respuesta es mucho más escueta: "Es imposible introducir un expediente si no se especifica la prestación". Y lo mismo dicen en Cataluña.

El Gobierno da una versión completamente diferente, contradictoria. Dicen que es el propio sistema informático el que señala las prestaciones sin especificar haciendo una simple resta entre los beneficiarios que registran las comunidades y las prestaciones que sí especifican: el resto son esos ciudadanos de los que no se sabe si esperan en casa por una plaza de residencia o una ayuda económica.

Y, de ésos, Andalucía tiene más de 46.000, un 28% del total. Y Andalucía está bastante por debajo de la media. Espectacular es el caso de Canarias, con un 80%, seguida de Murcia y Baleares, con un 66%.

Castilla y León, también por debajo de la media (38%), ofrece el siguiente razonamiento: "Puede ocurrir que falten algunos datos sobre el solicitante, que hemos de pedir a Hacienda, por ejemplo, o que algunos beneficiarios no han elegido aún la ayuda que desean; y los menos, son casos en que aún no hemos determinado la prestación que se dará al solicitante", el llamado Plan Individual de Atención (PIA), explica el consejero castellanoleonés, César Antón.

La herramienta del Gobierno para luchar contra esta situación, el Real Decreto 99/2009