¿QUÉ ES ESO DE LA LEY DE DEPENDENCIA?

El Centro de Investigaciones Sociológicas en el avance de resultados del barómetro de Mayo, ha llevado a examen a la población española con respecto a diversas cuestiones, entre ellas, como marca la actualidad, la propuesta de Ley de Dependencia y algunas de las cuestiones más controvertidas que tienen que ver con la misma. La muestra se ha llevado a cabo mediante 2490 entrevistas personalizadas a domicilio llevadas a cabo en 226 municipios y 47 provincias de nuestro país.

El primer dato chocante de la citada encuesta la encontramos en las preguntas previas a abordar la Ley, llama la atención ver como los problemas de índole social no son considerados como problemas prioritarios por parte de la población ( teniendo en cuenta que se comparan con otros problemas de carácter más generalista como es el paro, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, la vivienda o la situación económica del país), tan sólo un 3,9% de la población lo considera importante. Sin embargo cuando se pregunta sobre qué colectivo debería estar mejor protegido por el Estado la respuesta es aplastante: las personas mayores que viven solas en el 58,4%, considerando en un 63,1% que la ayuda que reciben por parte de las Administraciones es poca.

Por lo que se refiere a la Ley de Dependencia el 64,8% de los encuestados desconocía su existencia aunque de los que sí habían oido hablar de ella,la amplia mayoria, celebra su tramitación parlamentaria. Dos de cada tres ciudadanos considera que la mejor manera para garantizar a los ciudadanos con discapacidad o en situación de dependencia su capacidad para llevar a cabo una vida autónoma es la configuración de un derecho que el Estado ha de hacer posible.

Respecto a cómo deben sufragarse los gastos que ocasiona el cuidado de la persona en situación de dependencia la opinión pública se debate entre dos alternativas principalmente, con escasa diferencia de porcentaje entre las mismas. Casi la mitad de los encuestados opinan que estas cargas deberían asimilarse al gasto sanitario y por tanto ser asumidos por el estado, sin embargo la otra opinión mayoritaria es la que defiende que la Administración sólo debería ayudar económicamente a quiénes no tuviesen ingresos suficiente. Cuando a continuación se pregunta sobre cúal es la mejor fórmula para financiar los servicios que ofrezca la respuesta más respaldada es aquella que aboga porque los afectados paguen una parte de los servicios en función de sus recursos económicos y el resto se financie con impuestos ( la alternativa planteada por el Cis era que lo pagásemos todos los ciudadanos exclusivamente con impuestos, opción ésta sostenida por uno de cada tres encuestados). Vale la pena remarcar que sólo un 15% de los entrevistados poseía a alguna persona con discapacidad en su domicilio y que en un 80% de los casos son los propios familiares los que se están haciendo cargo de la atención a sus familiares dependientes lo que es importante tener en cuenta a la hora de analizar las respuestas concernientes a la financiación de los servicios.

En cuanto a quién debe prestar la atención a las personas dependientes la opinión está bastante dividida entre los que piensan que es mejor que sea un familiar y los que creen que es más adecuado un profesional. Ahora bien, casi la totalidad de los encuestados está muy o bastante de acuerdo en que, cuando sea un familiar, a éste se le conozca esta labor como un empleo retribuido y acogido al régimen de la Seguridad Social como cualquier otro trabajador.

En lo concerniente a qué medidas deberían potenciar las Administraciones Públicas para ayudar a este colectivo, se constata una vez más que la atención domiciliaria es la alternativa más valorada por los españoles, seguida de apoyo económico a los familiares cuidadores, las residencias u otro tipo de alojamientos permanentes es la tercera medida más respaldada.

Por último respecto a que Administración ( central, autonómica o local) debería ser responsable de los servicios el ciudadano no lo tienen excesivamente claro y aunque entienden prioritariamente que el estado central, las otras dos opciones le siguen muy de cerca.

En definitiva, que todavía queda mucha labor de difusión y de consenso, no sólo a nivel político sino también a nivel de toda la población de nuestro país.

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