¿QUEDAN RESIDENCIAS CLANDESTINAS EN ESPAÑA?

Como si de una vuelta a los años ochenta se tratase, leemos en Diario de Mallorca que una comisión judicial que procedía a ejecutar un desahucio descubrió en dos pisos comunicados interiormente situados en los alrededores de Palma un geriátrico clandestino, con diez residentes.

Según leemos: El Consell de Mallorca se encargó de tutelar que los afectados fueran transportados en buenas condiciones. Según el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS), dependiente de la institución insular, los ancianos fueron derivados a otros centros con garantías. Precisamente, varios vecinos de la finca y de la barriada palmesana de Blanquerna confirmaron el trasiego de ambulancias en la zona durante los traslados.

Siguiendo con la lectura la noticia nos desvela que la administración ya sabía que el centro existía por lo que tenía un expediente de cierre.

O sea, que lo que no había conseguido la administración autonómica (o insular) con un expediente de cierre administrativo sí se consiguió con una orden de desahucio.

Siempre que se produce una situación así se plantean las mismas preguntas:

¿Se quedarán los mayores en la residencia pública a la que habrán accedido directamente sin pasar por todos los requisitos?

¿Qué papel pintan en este asunto los familiares que dejan a sus mayores en un centro que no reúne las condiciones?

¿Como es posible después de aprobarse la Ley de Dependencia y todo su desarrollo reglamentario, la existencia de centros clandestinos?