¿RESIDÉNCIAS PÚBLICAS O CONCERTADAS?

Periódicamente se plantea el debate sobre si las estancias en residencias que financian las administraciones deben tener lugar en residencias públicas gestionadas por la propia administración o es más lógico que se preste el servicio en centros concertados o residencias públicas gestionadas por empresas.

Es un debate que debería ser técnico y basado en relaciónes "coste-beneficio", sin embargo es algo politizado y suele suceder que los partidos que están en la oposición critiquen a los gobernantes si utlilizan la concertación.

Esta vez lo hemos visto en Alicante, concretamente en Elche:  Leemos en la edición digital de La Verdad que el grupo socialista se queja de que la administración autonómica no esté construyendo residencias a pesar de tener una lista de espera para ingresar en las mismas.  Hasta aquí, una crítica políticamente normal.  Lo que sorprende, es que, según la noticia, el portavoz socialista  "ha destacado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Conselleria terrenos para la construcción de estas infraestructuras pero que el Gobierno valenciano ha preferido concertar plazas con residencias privadas, lo que "ha supuesto un negocio para un grupo empresarial". Por este motivo, la socialista ha exigido a la Conselleria la creación de recursos para mayores en la ciudad y la construcción de una nueva residencia pública y un centro de día para mayores".

Si somos lógicos y aceptamos que hay personas con derecho a ingresar en una residencia pública, deberíamos exigir a la administración que concertase más plazas ya, o sea que dé respuesta al derecho.  Sabemos que construir una residencia pública lleva más de dos años y que en casi toda España, una vez construida, se busca una empresa para gestionarla.  También sabemos que en comunidades gobernadas por partidos socialistas se utiliza el concierto de plazas sin que por ello los gobernantes estén manifestando menos interés por sus ciudadanos.   También estamos seguros de que, el día que cambie el color del gobierno en la Comunidad Valenciana, los que hoy lo critican utilizarán el concierto.

Por eso, ¿Podríamos exigir que ya no se utilice más el argumento de demonizar la intervención privada en la prestación de servicios públicos y se optase por estudiar seriamente los pros y los contras de cada modelo?