15 evidencias sobre la Ley de Dependencia

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lleva años publicando sus informes del Observatorio de la Dependencia desde el que ha puesto en evidencia la forma en que se ha ido aplicando la LAPAD en diferentes comunidades autónomas a lo largo de los años.

 

En el Dictámen de principios de 2016 plante 15 Evidencias sobre la Ley que consideramos interesantes como tema de debate.

1. En España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad.

2. El número de personas dependientes reconocidas ha descendido en 100.000 personas desde finales de 2011.

3. En este momento (tras nueve años de implantación de la LAPAD) un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las mismas.

4. De las 384.326 personas desatendidas, un 27% son dependientes con grado III (37.764) o con Grado II (68.509).

5. Las medidas adoptadas por el último Gobierno frenaron en seco el desarrollo del sistema entre 2011 y principios de 2015. A ello contribuyó decisivamente el Real Decreto- ley 20/2013 de 13 de julio cuyo impacto es aún vigente.

6. No obstante, en 2015, especialmente a partir de la segunda mitad del año, por fin se vuelven a producir incrementos significativos de personas atendidas, coincidiendo con la entrada al sistema de todos los dependientes con Grado I. Habrá que valorar más adelante si se trata de un espejismo provocado por la entrada masiva de expedientes de Grado I que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales normalizados, o si realmente –ojalá- hay un cambio de tendencia.

7. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.

8. El Gobierno ha incumplido la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, como posibilidad para transferir los asuntos judicializados al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en procedimientos contenciosos-administrativos lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.

9. En los últimos cuatro años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios superó las 125.000. Estas personas, es evidente, no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de recibir atenciones.

10. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido en una imposición social y económica.

11. La aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema.

12. El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 22,6% del gasto público y las comunidades autónomas el 77,4% restante.

13. El recorte acumulado de la Administración del Estado en dependencia, tras el Real Decreto-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las comunidades autónomas por los recortes en su financiación, a pesar de la rebaja de sus costes, supera los 900 millones de euros desde 2012 a finales de 2015.

14. El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3%.

15. Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros/año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año). Todo ello sin considerar que el modelo puede mejorarse aún mucho en coste- eficiencia y sin calcular los retornos inducidos.