20% DE CAMAS VACIAS EN C. VALENCIANA POR CULPA DE LA LD

Todo el sector esperaba que la Ley de Dependencia trajese consigo un aumento de las ocupaciones y una mejora del sector. Con lo que no pensábamos es con que la redacción de la Ley, la elaboracion de la herramienta de valoración y los primeros decretos iban a dejar tan extenuadas a nuestras administraciones que, después de ese primer spring ibamos a entrar en la modorra.

Seguimos esperando el Real Decreto de acreditación y calidad. Seguimos esperando el Real Decreto de copago y, mientras tanto, cada comunidad autónoma, a falta de marco mínimo común, está creando su propio sistema de dependencia de forma que, cuando todo acabe, muy posiblemente, volvamos a estar como al principio, con diecisiete modelos diferentes con muy poco en común.

AERTE, patronal mayoritaria en la Comunidad Valenciana ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que la lentitud en las tramitaciones hace que un 20% de las plazas en residencias de esa comunidad esten vacantes.

Así lo hemos leído en Levante-emv

El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada hace casi año y medio, está teniendo consecuencias en los niveles de ocupación de las residencias de tercera edad de la Comunidad Valenciana, que mantienen una quinta parte de sus plazas vacías, según ha confirmado Aerte, la patronal autonómica de centros residenciales de atención a la dependencia, que aglutina al 80% de empresarios del sector en la Comunidad, con más de 200 empresas y 20.000 plazas dedicadas a este colectivo.
"Claro que nos afecta el retraso. Tenemos ahora un 20% de plazas vacantes porque el retraso en la aplicación de la ley conlleva un retraso en las valoraciones de las personas dependientes y, por lo tanto, un retraso en la ocupación de las plazas", apunta Alberto Jiménez, presidente de Aerte, que atribuye esta situación al atasco existente en las solicitudes y a la paralización del bono-residencia y de las plazas de accesibilidad social -las dos vías de acceso a una plaza residencial de forma subvencionada- para los nuevos solicitantes.
Cabe recordar que desde enero de este año, la Conselleria de Bienestar Social excluyó de la convocatoria del bono-residencia y accesibilidad social a las personas que solicitaban esta subvención por primera vez y sólamente contemplaba renovar las ayudas a aquellas personas ya ingresadas en centros (ratificaciones). El resto, los nuevos beneficiarios, eran remitidos al calendario marcado por la Ley de Dependencia, por lo que la única posibilidad que tienen es presentar su solicitud para ser valorados como dependientes y esperar su resolución, situación en la que se encuentran miles de personas.
Jiménez apunta que la ley establece la creación de una red pública con plazas concertadas y cuando ésta esté cubierta funcionaría "la prestación económica vinculada al servicio", equivalente al bono-residencia, "que es lo que ahora ha quedado paralizado y sólo se han ratificado los que ya estaban, por lo que el nuevo demandante tiene que hacer la solicitud, que le valoren, le hagan su plan de atención y esperar su resolución. Ahora la Conselleria tiene que saber cuántos dependientes hay para incorporarlos a la red, pero hay un problema de gestión y, con más de 70.000 solicitudes.