2022 empieza con la revalorización de las pensiones

Muchas personas mayores tienen como único ingreso su pensión y esta determina su calidad de vida, ya vivan en sus casas o en una residencia para la tercera edad.

El 22 de diciembre de 2021, Las Cortes Generales aprobaron Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Esta norma es efectiva desde el 1 de enero de 2022.

Esta ley modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y recoge las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020, que también se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una norma muy importante que, además, cuenta con la fortaleza de haber sido pactada de forma tripartita entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Gobierno.  

El hecho más relevante de la nueva norma es que establece que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones se mantendrá. 

Se cumple así la recomendación del Pacto de Toledo, que busca garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Además, corrige la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación estaba suspendida desde 2018.

Otras medidas que prevé la ley, en consonancia también con las recomendaciones del Pacto de Toledo, son las que promueven acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. Para ello se establecen la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

Otro aspecto relevante es que la ley establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El MEI contempla la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032. 

También se establece que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes. La transferencia correspondiente a este año ya estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y así se contempla en los de 2022.

Asimismo, se crea la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, entre otros puntos. 

No menos importante es la «cláusula de salvaguarda», por la que se mantiene la regulación actual con carácter indefinido.