AERTE, Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia, ha detectado y alertado de la presencia de empresas que supuestamente están prestando servicios de ayuda a domicilio en diversos municipios de la C. Valenciana fuera de la legalidad vigente.
Aunque la nota de prensa lanzada por la patronal no especifica a que tipo de actos ilícitos hace referencia, deja entrever que muy probablemente estarán vinculados a irregularidades en la contratación del personal, falta de formación de los trabajadores o no disponer de la correspondiente licencia administrativa para actuar como empresa de ayuda a domicilio. Con ello estas empresas consiguen reducir coste asociados al servicio y poder ofrecer precios a las Administraciones Públicas muy por debajo del que podría ofrecer una empresa que actúa en un escenario legal.
Desde la patronal se exige a los Ayuntamientos un seguimiento de los servicios contratados a empresas para corroborar que trabajan en un contexto legal a todos los niveles. Si las empresas no trabajan en un marco regulado difícilmente se pueden garantizar la calidad en el servicio y en la atención que reciben los beneficiarios de la ayuda a domicilio.
Sin duda la ayuda a domicilio, necesita a todos los niveles de un mayor grado de protección y de control. Por lo que se refiere a la prestación pública de servicios no existen mecanismos suficientes para controlar el buen funcionamiento del sistema. ¿Se controla de alguna manera el cumplimiento de los requisitos establecidos en los concursos públicos y en el seguimiento del mismo una vez adjudicado para que ambas partes cumplan con los compromisos mutuos? La respuesta es negativa.
La diversidad, complejidad y estructura de la ayuda a domicilio (en que las Administraciones Locales son las responsables de los servicios de proximidad), hace muy difícil establecer un sistema de control y evaluación, pero eso no exime de que así debiese ser.
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