AMRTE CELEBRA SU PRIMER CONGRESO REGIONAL

El I Congreso Regional de la AMRTE (Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día) celebrada recientemente en Madrid ha permitido abordar en profundidad las repercusiones de la recientemente aprobada Ley de Dependencia: ¿Podrán acreditarse todos los centros independientemente de su dimensión?, ¿cómo solucionar el problema de las plazas privadas vacías?, ¿en qué consistirán los criterios de baremación de las personas dependientes?, ¿cómo se desarrollarán la financiación y las políticas de copago? Estas son algunas de las cuestiones que más debate han generado, y más aún cuando el Congreso de los Diputados acaba de aprobar la Ley de Dependencia y el Consejo Territorial debe formarse para empezar a trabajar en estas y otras cuestiones.

En la inauguración del Congreso, la Viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid expresó su "apoyo a la iniciativa privada, tanto empresarial como sin ánimo de lucro"

En la presentación, el presidente de AMRTE, Ignacio Fernández-Cid, lanzó una invitación a todo el sector para colaborar en la creación del mejor Sistema de Dependencia posible: Vamos a ser claros y exigentes en el cumplimiento de las premisas. No debemos sentir temor ni angustia ante las incógnitas que derivan de la Ley de Dependencia. La empresa privada no está en peligro de subsistencia, sino que nos encontramos ante una gran oportunidad para el sector.

Respecto a la reitarada necesidad de profesionalizar el sector, la mayoría de los participantes abogaron por promover la titulación de los profesionales:

Los primeros que queremos aumentar el sueldo y profesionalizar el sector somos nosotros, pero necesitamos que aumenten los ingresos. Hay que tener en cuenta que el 60% del coste de la plaza va destinado al gasto del personal, explicó José Alberto Echevarría, presidente ejecutivo de la Federación Estatal de Atención a la Dependencia (FED). Añadió, asimismo, su preocupación por el alto porcentaje de plazas libres en la Comunidad de Madrid cuando existe una lista de espera de 5.000 personas para acceder a las públicas. Evidentemente hay un problema: los usuarios no se pueden pagar la privada, indicó.

El director General de Personalia, Pablo Martín Calderón, destacó las dificultades para encontrar profesionales, en un contexto sociolaboral en el que, tal y como indica el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un comunicado haciendo alusión al Libro Blanco de la Dependencia y el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), en 2015 se habrán creado cerca de 300.000 empleos. Calderón también afirmó que los precios no tienen en cuenta el esfuerzo inversor que realizamos. Queremos dialogar, pero primero necesitamos ser convocados.

Uno de los problemas que más se debatió durante el Congreso fue el referente a las trabas que Sanidad pone a los médicos de las residencias a la hora de recetar o realizar gestiones administrativas. En este sentido, el presidente de ADEFARMA destacó el excesivo control sanitario en las residencias. Además, la Administración no puede obligar a un centro a adquirir las medicinas en una farmacia.

La diferencia de los precios de concertación en las comunidades autónomas fue también uno de los temas más tratados. Salvador Pellicer, presidente de LARES (Residencias del Sector Solidario) insistió en la importancia de hacer sostenibles nuestras obras. No entiendo por qué una persona que pasa de vivir en su casa a una residencia tiene un tratamiento en Sanidad totalmente distinto. Por su parte, José María Alonso Seco –director general del Mayor de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid- insistió en que la Dependencia se enmarca en el ámbito de Servicios Sociales, aunque es necesario que la Sanidad se implique.

José Alberto Echevarría recordó que el 80% de los recursos están en manos de la iniciativa privada. Pasaremos a ser prestadores de servicios públicos y, sin embargo, la Administración deja fuera de la toma de decisiones al sector que tiene la iniciativa y realiza la inversión, explicó.

Otro de los puntos clave, y que recogió numerosos elogios por parte de los presentes, fue el Bono Residencia, implantado en la Comunidad Valenciana, porque es el único que garantiza la libertad de elección de los usuarios ya que permite financiar una parte del coste que suponga el ingreso de una persona mayor en una residencia privada de la tercera edad. En palabras de Ana María García, presidenta de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), se trata de un modelo que no está basado en el concurso, donde no pueden acceder la totalidad de las empresas. La Comunidad Valenciana ha logrado que el 75% de la iniciativa privada sean plazas concertadas, cuando la media nacional apenas ronda el 40%. Previamente, las empresas cumplen unos requisitos de calidad de concertación y, por tanto, el propio mercado asiste a una selección natural.

Antonio Martínez Maroto, jefe del Área del Plan Gerontológico del IMSERSO fue el encargado de clausurar la jornada. Se han creado diferentes Grupos de Trabajo para avanzar en temas como baremos, copago, financiación, etc. De esta manera, cuando se forme el Consejo Territorial no partirá de cero. La Ley de Dependencia hará que pasemos del 0,31% del PIB en gasto social al 1,1% en ocho años y crecerán los recursos asistenciales, equiparándolos a países como Alemania, Austria o Bélgica. El objetivo no es otro que hacer más felices a los mayores, concluyó.

Por su parte, Luis Álvarez -vicepresidente de CEOMA- aseguró que los mayores tenemos unas expectativas enormes y me inquieta que aún haya cuestiones por resolver como el copago o el sistema de baremación. Hace falta más información, porque la incertidumbre genera impaciencia y desconfianza.