AMRTE EXIGE EL DESBLOQUEO DEL DESARROLLO DE LA LD

El cambio de órbita ministerial de los servicios sociales, que ha pasado del de Trabajo a Educación ha generado una rápida reacción por parte de AMRTE que ya ha pedido una reunión con la ministra Mercedes Cabrera para intentar desencallar el desarrollo reglamentario de la Ley de Dependencia.

Desde la patronal madrileña de residencias consideran que la aprobación del decreto de acreditación de los centros residenciales es, junto con el copago, la asignatura pendiente de la Ley de Dependencia. Servicios Sociales no prevé la creación de una red pública de centros, sino el aprovechamiento de la existente y la concertación con el sector privado. Como consecuencia, el presidente de la Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE) y vicepresidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, insiste en la necesidad de que "la Administración defina en qué va a consistir la acreditación de los centros para que las residencias puedan optar a la concertación. Además, el decreto es fundamental para que los beneficiarios del Sistema cuenten con unos mínimos de calidad comunes en toda España".

El hasta ahora Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estimaba que con la aplicación de la Ley de Dependencia se generarían un mínimo de 300.000 puestos de trabajo hasta 2015. Sin embargo, el retraso en su aplicación puede frenar las expectativas creadas entre los beneficiarios, así como las de los empresarios y trabajadores. Por ello, Ignacio Fernández-Cid, presidente de AMRTE y vicepresidente de la patronal nacional, espera que el sector privado de atención a personas dependientes pueda mantener pronto un encuentro con Mercedes Cabrera, la nueva ministra de Educación, Política Social y Deporte, para abordar los temas que aún están pendientes.

"El sector necesita que el Ejecutivo fije unos indicadores de calidad básicos, que esperamos sirvan para homogeneizar las acreditaciones ya existentes y autorizar otras nuevas. ¿Cuándo nos vamos a reunir con la Administración para llegar a un acuerdo sobre la acreditación de los centros residenciales?", insiste Fernández-Cid. Además, el presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la nacional considera que no disponer aún de la acreditación de calidad correspondiente, "nos impide planificar nuevas inversiones. Nos preocupa que el nuevo decreto nos obligue a valorarnos de nuevo. Deberíamos poder homologar nuestro sistema y poder continuar así trabajando como hasta ahora, con seriedad y profesionalidad. Nos asusta realmente que nuestra autorización pase a ser provisional, porque los requisitos que exigiría la Administración podrían ser diferentes. Una alternativa que resultaría demasiado arriesgada y costosa para el sector".

Fernández-Cid insiste en que todo centro autorizado debe estar acreditado y explica que cuando la Ley de Dependencia esté más avanzada y el Sistema consolidado, la oferta deberá especializarse en función del tipo de atención que cada centro ofrezca. Como consecuencia, "las acreditaciones deberán ser diferentes si el colectivo al que atiende un centro residencial concreto son enfermos de alzheimer, dependientes físicos, psíquicos, etc".