05/11/2007

AMRTE EXIGE QUE EL GOBIERNO DESBLOQUEE LA LEY DE DEPENDENCIA

AMRTE EXIGE QUE LA ADMINISTRACIÓN DESBLOQUEE LA LEY DE DEPENDENCIA

 

Las personas dependientes y sus familias están sufriendo las consecuencias de la contienda política en la que se ha visto inmersa la Ley de Dependencia, durante las últimas semanas, en la Comunidad de Madrid. la Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE) se posiciona a favor del modelo de atención a las personas dependientes que actualmente se aplica en la Comunidad de Madrid, que ha demostrado su eficacia y buenos resultados y exige al Gobierno Central que reconozca las particularidades de cada región, delimite aspectos como el cuidador informal y, finalmente, desbloquee la aplicación de la esperada Ley de Dependencia.

Si bien la Ley de Dependencia ha entrado en vigor en 2007, el presidente de AMRTE, Ignacio Fernández-Cid, afirma que "las empresas del sector venimos trabajando conjuntamente con la Comunidad de Madrid desde hace muchos años en la atención a las personas en situación de dependencia”. En este sentido, indica que el presupuesto de 2007 que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid destina a dependencia es de 730 millones de euros, "mientras que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aporta 23 millones”. Una partida presupuestaria que está condicionada a la firma de un Convenio entre ambas Administraciones.

Para Fernández-Cid, el convenio propuesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales "perjudica a los madrileños, porque el Gobierno Central se niega a reconocer a los dependientes que desde Servicios Sociales ya se están atendiendo. Una situación del todo intolerable, sobre todo porque estamos hablando de miles de plazas concertadas con el sector privado e incluso Centros de la CAM gestionados por las empresas, que serían discriminadas ante las plazas creadas para los ‘nuevos dependientes’”.

Los dependientes, asegura el presidente de AMRTE, "no reciben las mismas prestaciones por parte del Gobierno Central en todas las Comunidades Autónomas. Si el Estado sólo reconoce a los ‘nuevos’ dependientes, con los convenios se establecen dependientes de primera y de segunda. Sin embargo, todos deben tener los mismos derechos y ser atendidos de la misma forma porque la Ley desde el principio habla de un derecho universal”. Ni siquiera el Ministerio ofrece la cobertura básica de 250 euros por plaza para los miles de dependientes ya atendidos en plazas ya creadas.

"Con la negativa a firmar el Convenio y entregar los 23 millones de euros a la Comunidad de Madrid, el Gobierno Central está privando a los madrileños de su derecho a recibir los servicios o prestaciones que por derecho les corresponde”, insiste el presidente de AMRTE. De la misma manera que la Comunidad de Madrid, otras Autonomías no han firmando aún el Convenio propuesto por el Ministerio, incluyendo algunas gobernadas por el Partido Socialista.

Por otra parte, "el Ministerio no debe imponer a la Comunidad de Madrid dónde y cómo tiene que destinar ese dinero. Si la Ley de Dependencia está financiada al 50 por ciento por el Estado y las Autonomías, ¿por qué no puede la consejería madrileña negociar de qué forma considera mejor invertirlo?”. Esta reivindicación está justificada, entre otras cuestiones, porque de los 23 millones, más otros tantos que aporte la Comunidad, el Convenio de Financiación prevé que el 20 por ciento se destine a inversión en infraestructuras. Sin embargo, "la Comunidad de Madrid no construye, sino que desarrolla la obra a través de Concurso Público. Por tanto, obligaría a la Consejería de Familia y Servicios Sociales a cambiar su modelo, que hasta ahora ha funcionado bien y que el sector privado aprueba. Los empresarios queremos seguir invirtiendo en infraestructuras”.

Fernández-Cid considera, además, que desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se penaliza a aquellas Comunidades que, como la madrileña, lleva trabajando por y para las personas dependientes desde hace años; mientras que se premia a aquellas que parten casi de cero, y que además acaban siendo ejemplo de buen hacer a ojos del Gobierno Central. "Se está penalizando a las Comunidades Autónomas que han hecho sus deberes y beneficiando a las que se han quedado rezagadas en la prestación de servicios a los dependientes”, asevera el presidente de la patronal.

Otra preocupación de AMRTE es la confusión que puede generar entre los dependientes y sus familiares la dotación de 780 euros a los cuidadores informales, "cuando siempre se dijo que era una medida excepcional. La Ley no da dinero a quien cuide a personas dependientes, sino que se trata de una alternativa en casos muy concretos. No podemos consentir que la sociedad lo vea como un sueldo fácil. La profesionalización del sector debe seguir siendo una de nuestras máximas.”