ARGENTINA: CIERRAN 83 GERIÁTRICOS EN BUENOS AIRES

ARGENTINA: DESALOJAN 83 GERIÁTRICOS Y 1.500 ANCIANOS DEBEN SER REUBICADOS

Aparecido en el Diario Clarín de 31 de mayo de 2006

El Gobierno de Buenos Aires dispuso el desalojo de 83 residencias geriátricas privadas, sobre los que ya pesa la figura de la "clausura administrativa", pese a que están en funcionamiento. La medida tendrá un cumplimiento gradual, que demandará un par de meses en completarse. Se estima que los geriátricos cuestionados albergan a unos 1.500 abuelos. "A esta medida se llega por la irresponsabilidad de los dueños de los geriátricos", afirmó el ministro de Gobierno de la Ciudad, Diego Gorgal.

"Estamos ante casos de abusos, maltrato y abandono de personas", dijo Gabriela Groba, funcionaria del Ministerio de Derechos Humanos, para justificar la medida. El ministro Gorgal, en diálogo con Clarín, agregó: "Mañana (por hoy) mandaremos las intimaciones para el desalojo a 12 geriátricos." Según explicó el funcionario, una vez que el dueño reciba la intimación "tendrá diez días para evacuar el establecimiento". En caso de no hacerlo, "será la Justicia la encargada de proceder al desalojo".

¿Qué les espera a las 1.500 personas que, se estima, residen en estos geriátricos? "Primero, los familiares deberán hacerse cargo de ellas, porque ésa es su responsabilidad. Hay otros geriátricos que cumplen con la normativa exigida. En el caso de que algunos ancianos queden desamparados, el Gobierno porteño los reubicará en establecimientos propios", explicó Groba.

Según datos de la Subsecretaría de Control Comunal, entre marzo de 2005 y marzo pasado, después de renovarse este área del Gobierno tras la tragedia de Cromañón, se realizaron 2.035 inspecciones a 700 geriátricos (en la actualidad hay 720 registrados). "Con la modalidad escogida, nuestro objetivo fue que al menos una vez al año todos los geriátricos tengan una inspección", dijo Gorgal.

En el caso de los 83 geriátricos sobre los que se ordenó su desalojo, el ministro explicó que "están con clausura administrativa. Esta figura les permitía seguir en funcionamiento, pero sin tomar más pacientes. Al no regularizar su situación, tomamos la decisión de cerrarlos. El Estado no puede permitir que esas personas queden expuestas a ningún tipo de riesgo".

Alejandro Barros, titular de la Unión de Geriátricos porteños, al ser consultado por Clarín, dijo "estar de acuerdo" con el cierre de institutos que no cumplen con las normativas, aunque adelantó que "no será fácil cumplir con la medida".

"Hay familias que internan a una persona mayor porque no pueden hacerse cargo de ella, y apenas pueden pagar 700 pesos por mes, que es lo mínimo que cobra un geriátrico. Cuando tengan que juntar 1.200 pesos para pasarlo a otro geriátrico —ése el precio promedio— se van a encontrar con que no pueden hacerlo", analizó Barros. "Plazas hay, pero con otros precios; es un conflicto económico y social", puntualizó.

"El Estado no tiene la tutela sobre las personas, salvo que en algún caso particular así lo indique la Justicia", insistió Gorgal. Por eso reiteró que se pedirá "la colaboración de los familiares" de quienes residen en los geriátricos que se van a desalojar. También remarcó que durante el proceso en el que se desarrollen los desalojos participarán profesionales de distintas áreas del Gobierno, como asistentes sociales, psicólogos y médicos especialistas en tercera edad.

En julio del año pasado, tres mujeres murieron y 15 personas resultaron heridas en un incendio ocurrido en un geriátrico de Palermo Viejo. Aquella vez, el Gobierno porteño afirmó que el establecimiento "estaba habilitado". En enero de 2001, a su vez, en el geriátrico "Los girasoles", en Belgrano R, cuatro ancianas murieron ahogadas cuando se inundó un subsuelo. El lugar nunca reabrió sus puertas.

"Muchos de estos geriátricos recibieron intimaciones hace más de un año y no hicieron nada; fuimos pacientes y también prudentes", finalizó Gorgal.

En julio de 2005 quince personas resultaron heridas y tres mujeres perdieron la vida en un geriátrico de Palermo. En enero de 2001 en una residencia de Belgrano cuatro ancianas se ahogaron en por una inundación en un subsuelo.

Muchos de los geriatricos que serán desalojados fueron intimados para regularizar su situación. Tras aguardar, el Gobierno los hizo desalojar.