05/09/2007

ARGENTINA LUCHA POR PROFESIONALIZAR EL SECTOR DE ATENCIÓN A MAYORES



Durante los últimos tiempos hemos publicado ya algunas noticias sobre este país sudamericano que se encuentra inmerso un proceso de creación de red de residencias, redacción y aprobación de textos legales que marquen las directrices de cómo debe funcionar una residencia y lo más importante, una conscienciación por parte de los profesionales implicados por dar un impulso al sector, dignificarlo y aportar calidad a la atención a sus mayores. Buena prueba de ello es la noticia publicada este mes de Agosto mediante la que se informa de las existencia de cerca de 400 geriátricos ilegales en la capital. Esta cifra tiene una lectura positiva, la preocupación por esta circunstancia que muestran todos los colectivos implicados y la voluntad de crear un sistema integral dentro de unas normas que funcione correctamente y que sirva de ejemplo a otras provincias del país que ni siquiera tienen todavía regulación alguna.

La Defensora de la Tercera Eda y la Unión de Geriátricos Privados han denunciado la existencia de 400 geriátricos ilegales sólo en la ciudad de Buenos Aires. Esta cifra es altísima si se tiene en cuenta que, en el Registro Oficial, figuran un total de 599 geriátricos correctamente habilitados. La Defensoría de la Tercera Edad calcula que en cada geriátrico ilegal deben vivir entre siete y diez personas, lo que puede suponer que casi 3000 "adultos mayores" estén residiendo en centros exentos de todo control. De estos centros, no todos deberían cerrar porque hay algunos que ofrecen buena calidad de servicio, pero que no se han legalizado por obviar la tramitación burocrática,evitar el control administrativo y en la mayoría por no tener que contratar más profesionales lo que obligaría a subir en precio por plaza. Según parece una plaza en una residencia "legal" puede llegar a costar hasta 2000 pesos mientras que una residencia "ilegal" en un barrio humilde de la ciudad puede cobrar sólo 300 pesos por una plaza.

En cualquier caso a parte de una normativa propia de la Ciudad de Buenos Aires que establece los requisitos que deben cumplir los centros para garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e higiene de los residentes, existe un organismo encargado de fiscalizar los geriátricos. Este ente ya ha clausurado durante los últimos dos años más de 60 centros. El problema de cerrarlos está en dónde reubicar a los abuelos después, por lo que, siempre que las circunstancias lo permiten se intenta brindar habilitaciones temporales a fin de que puedan regularizar la situación.

En otras provincias del país, como Paraná, los especialistas en la materia siguen luchando para que tire adelante las propuestas de ley que permitan regularizar el funcionamiento de las residencias. Los motivos según auguran algunos está por ejemplo en que "los mayores no votan y por tanto no son importantes para los políticos".

Continuaremos siguiendo de cerca a este país que a buen seguro en poco tiempo mejorará sustancialmente el nivel de los servicios que se les presta a sus mayores.