ASTURIAS HACE PÚBLICAS LAS SANCIONES IMPUESTAS A RESIDENCIAS
27/09/2005
Cada año algunas comunidades autónomas hacen su particular "exposición de trofeos" explicando lo efectivos que han sido en el control e inspección de las residencias de su comunidad. ¿Cómo lo hacen? explicando cuántas residencias han sido sancionadas y con qué cuantías.
Así, en el Periódico de Gijón de 25 de septiembre encontramos un a noticia que reproducimos a continuación. Desde Inforesidencias.com recomendamos que mientras se lee la noticia se piense que, debido a la gran dispersión normativa existente en España, la misma infracción puede suponer, según en qué comunidad autónoma se esté, una sanción de 1000€ o 12.000€ (ver trabajo al respecto en la geriateca). También que, en comunidades como Madrid o Cataluña la Ley obliga a que todas las residencias sean inspeccionadas, como mínimo una vez al año con lo que, lo que en unas comunidades se considera como un logro, en otras no supondría ni siquiera cumplir la Ley. Por último creemos que hay que llamar la atención sobre la negativa perspectiva que da la administración autonómica sobre el sector de la atención a mayores.
¿No será esta presentación por parte de la administración una respuesta a las reiteradas quejas que ha recibido ésta por parte de las asociaciones patronales?
| Bienestar Social ha impuesto sanciones económicas a 18 residencias
de la tercera edad en lo que va de año. Las multas se originaron
tanto por deficiencias de las instalaciones como de los servicios que prestan
los centros. Así lo avanza el viceconsejero Angel González.
El titular de Bienestar Social indica que la cuantía de las multas
impuestas este año es variable y ha oscilado, según la gravedad
de las infracciones cometidas, entre los 1.500 euros de la más baja
y los 23.740 euros de la más alta.
El viceconsejero apunta además que, en lo que va de año, la Administración autonómica ha clausurado una residencia, la conocida Marbel de Gijón, y ha abierto expedientes de cierre a otras tres. González afirma que la apertura de expedientes no significa el cierre inmediato. Algunos geriátricos deciden abandonar la actividad voluntariamente antes de la resolución del caso y otros consiguen corregir las deficiencias y evitar el cumplimiento de la orden. De ahí que Angel González prefiera no citar los nombres y localizaciones de las residencias afectadas. El viceconsejero, con todo, subraya que en los casos más graves puede decretarse un cierre cautelar para desalojar y trasladar a los ancianos a otros centros. El titular de Bienestar Social, en todo caso, quiere dejar claro que el incremento de las inspecciones, muy importante durante este año, va en beneficio de los residentes y de sus familias. El propósito, lejos de recaudar el dinero de las posibles sanciones, es garantizar que los centros, públicos, privados y concertados, cumplen con la legalidad vigente. Las cifras dan buena muestra de la actividad realizada por los inspectores este año. González recuerda que durante el 2004, hasta el 20 de septiembre, se llevaron a cabo un total de 63 visitas a las residencias. En lo que va del 2005, las inspecciones ascienden ya a 105. El incremento porcentual se sitúa, por lo tanto, en un 66%. Ha sido necesario, tal y como anunció Laura González, consejera de Vivienda y Bienestar Social, incrementar la plantilla de inspectores para poder realizar un incremento tan importante de visitas a los centros. Las inspecciones se llevan a cabo tanto de forma rutinaria por el servicio de la Administración como en respuesta a denuncias efectuadas desde fuera. Este año casi se han duplicado también las denuncias tramitadas por Bienestar Social al pasar de las 13 del 2004 a las 24 de 2005. En su mayoría las denuncias tienen origen en trabajadores, usuarios o familiares descontentos con la prestación de los servicios de las residencias. Paralelamente a las denuncias se han duplicado también los recursos interpuestos por las empresas contra las decisiones de la Administración. El número de recursos ha pasado de seis en el 2004 a 12 en lo que va de año. La actividad realizada por el servicio de inspección, pese a su
importancia, puede no descubrir todas las irregularidades. El viceconsejero
afirma que resulta difícil sacar a la luz, por ejemplo, flagrantes
ilegalidades como la apertura encubierta de residencias geriátricas
en pisos, por ejemplo. De ahí que la Administración anima
a las policías locales y a los propios usuarios a denunciar estas
situaciones para que la Administración pueda actuar en consecuencia.
|
¿Te ha parecido interesante este contenido?
