CATALUÑA: TARIFA CONGELADA Y UN POCO DE FLEXIBILIDAD

Ya estaba anunciado pero verlo publicado en el Diario Oficial le da caracter definitivo.  Un año más los precios de referencia, los que se utilizan para calcular lo que la administración paga por las plazas concertadas y de prestación económica vinculada, se mantienen congelados en Cataluña. 

Aparentemente, para compensar esa congelación la administración ha tomado dos medidas de flexibilización.  Tomamos de la nota de prensa enviada por ACRA lo que suponen estas medidas:

La primera supone que deje de haber un precio límite generalizado en los casos de las plazas privadas ocupadas por usuarios con Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS) en centros residenciales para gente mayor (colaboradores, concertados y privados acreditados). El texto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya aprueba esta medida relacionando el establecimiento del precio máximo con los ingresos de los usuarios, fijando el límite en el coste de referencia establecido por la misma Cartera de Servicios únicamente en los casos de aquellas personas que tengan unos ingresos inferiores o iguales al doble del Indicador de renta de suficiencia (7.967,73€), es decir, que cuenten con unos ingresos anuales iguales o inferiores a 15.935,46€.

La segunda de las medidas, reclamadas por el sector desde hace un año y medio, es la que hace posible la prestación de un servicio adicional y voluntario consistente en el acceso de la persona usuaria a una habitación individual. Un hecho que ACRA defiende en relación con el derecho a escoger de aquellas personas que, desde la entrada en vigor de la Ley de la Autonomía Personal y atención a la dependencia, demandan servicios más allá de aquellos que la administración compra.

A quien se mantenga un poco al día de lo que sucede en el sector, estas medidas le tienen que sonar familiares. La que se refiere a poder cobrar un extra por habitaciones individuales con baño aparecía ya en la Resolución de 3 de Noviembre de 2010 (aquélla que entre otras ocurrencias planteaba una subida de tarifa para residencias que se acogiesen al "convenio de las monjas") hasta que fue tumbada por el Conseller el 12 de mayo de 2011 mediante la resolución de un recurso de alzada.    La posibilidad de que las prestaciones económicas vinculadas  no estén sometidas a un "tope en el precio" es algo que se deriva de la propia ley de Dependencia de forma que, de forma estricta, lo que se publica ahora es una flexibilización sobre una interpretación extremadamente rígida que se había hecho con anterioridad.  Aún así, bienvenidas sean las medidas.  Especialmente si vienen acompañadas de unos miles de nuevos beneficiarios de  PEVs o plazas de concierto.

Aprovechando que hablamos de copago: Quien se tome un tiempo en mirar el cuadro de precios observará que hay un aspecto importante que tiene que ver con la sostenibilidad y la equidad del sistema.  Se trata del conocido como "módulo social".  Este módulo, previsto en la Ley de Servicios Sociales de Cataluña es el que queda exento de copago, o sea que siempre lo cubre la administración.  En el caso de residencia asistida para personas con Grado III suponde 667,65€ al mes.  El problema de equidad y sostenibilidad se produce cuando consideramos aquéllas personas que tienen ingresos superiores a los 2.500€.   Si a ellos se les aplicase el sistema de copago anterior a la Ley de Dependencia, que se basaba en mantener para la persona ingresada un tanto mensual para sus gastos (al rededor de 100€ más las pagas extras) y dedicar el resto de ingresos a pagar por el servicio.  Resulta que estas personas podrían realizar un copago del 100% y mantendrían todavía una cantidad para sus gastos. Con el nuevo sistema pagarían como máximo 1.201€.

La idea del sistema anterior se basaba en una idea: quien vive en una residencia tiene cubiertos casi todos los gastos.

De hecho la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en Cataluña ha supuesto, por un lado abrir la puerta a las clases medias a poderse beneficiar de algunos servicios que hasta entonces tenían vetados por "ganar demasiado" (con más de 800€ al mes ya se quedaba excluido de acceso a plaza pública), pero por otro ha creado un sistema de copago que resulta desproporcionadamente más beneficioso a quien más tiene.

En una situación en que la sostenibilidad es la clave, quizás esto debería empezar a solucionarse.

Ver la Orden BSF/127/2012 En català

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