03/01/2006

CCAA rechazan la financiación del sistema de dependencia propuesta

COMUNIDAD VALENCIANA, CASTILLA LEÓN Y CATALUÑA CUESTIONAN LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA

 

Si el futuro Sistema Nacional de Dependencia tiene que ser financiado al 50% por el Estado y las comunidades autónomas, ¿debería haberse consultado con ellas la elaboración del anteproyecto?. Los responsables políticos de la Comunidad Valenciana y Castilla y León creen que debería haberse hecho pero no se hizo.

Así, en El País de 28/12/2005 , La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel de la Comunidad de Valencia, exigió ayer al Gobierno central una ley de Dependencia "de presente y de futuro que ofrezca soluciones ahora y en el futuro y que garantice la sociedad del bienestar, así como una propuesta de financiación clara, estable y apropiada para aplicar este normativa y darle garantías de sostenibilidad". De Miguel compareció ayer con la secretaria regional del PP, Adela Pedrosa, para explicar el compromiso de los populares con las personas dependientes y exponer las propuestas de la formación en esta materia. La consejera lamentó que el Ministerio de Trabajo no haya sido capaz de poner sobre la mesa el borrador para negociar previamente con las comunidades autónomas y pidió al Gobierno socialista que concrete su propuesta de financiación. La responsable de Bienestar Social en el Consell reconoció, sin embargo, que coincide en los objetivos generales de la ley. Seguro que las palabras y cálculos de la consejera tendrán repercusión en el futuro entre las personas mayores dependientes que precisen de una residencia de mayores en Valencia.

En El Norte de Castilla de 13/12/200,  La Junta de Castilla y León rechaza de plano que las comunidades autónomas tengan que cofinanciar al 50% con el Estado el «cuarto pilar del bienestar», la atención a los mayores y discapacitados dependientes. El gerente regional de Servicios Sociales, Antonio María Sáez, anunció ayer que la propuesta que presentará la Junta al Gobierno central para la regulación de esta asistencia irá en este sentido y será consensuada con el Consejo Regional de Mayores, que se reunió ayer en Zamora y que está integrado por representantes de 1.500 asociaciones. Si la Ley se sigue tramitando sin que exista un consenso con las Comunidades Autónomas que tendrán que acabar asumiendo una parte importante del coste ¿acabará repercutiendo en un anciano que busque residencia de tercera edad en Valladolid dentro de cinco años?

Sáez criticó el hecho de que se haya retrasado la aprobación de la ley que regula esta asistencia, con el consiguiente retraso de la financiación, y señaló que, al menos, hasta el 2007-2008 no entrará en vigor la normativa. También calificó de «desleal» al Gobierno por no haber consultado a las comunidades autónomas ni haber remitido un borrador de la ley «cuando se plantea una financiación al 50%». El gerente se mostró muy duro con el Gobierno, al que acusó de estar negociando este plan «con sus socios de gobierno en vez de con las comunidades autónomas», a las que después «se les pide que colaboren financiando un programa en el que no han participado».

El gerente de Servicios Sociales manifestó que la Junta de Castilla y León va a trasladar al Gobierno central ese malestar, «ya que el sistema de asistencia a los dependientes tiene que ser como el de la sanidad o el de las pensiones y debe financiarse debidamente, y no dependen de que las comunidades autónomas decidan aportar más o menos».

En Ya.com encontramos una información de Europa Press que, desde una óptica más positiva dice que el Gobierno negociará en enero la aportación de las comunidades autónoma a la financiación del sisteam. Dentro del artículo vemos que La consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Anna Simó, valoró en declaraciones a Europa Press que el Gobierno tiene más capacidades fiscales y además obtendrá beneficios a través de las cotizaciones de los cerca de 300.000 empleos que se prevén crear para atender a las personas dependientes en centros que en muchos casos serán residencias de mayores en Cataluña.