EDAD Y VIDA ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE LIMITAR LA CONCURRENCIA

Si algo debemos aprender de esta crisis es que las administraciones deben ser muy cautelosas eligiendo el "en qué" se gastan el dinero de todos y en el "cómo" se lo gastan.

Que hay que gastar en la atención a personas en situación de dependencia (en muchos casos personas mayores que viven en residencias geriátricas)  estableciendo un sistema justo y equitativo parece incuestionable.  Que a la hora de elegir qué proveedor en concreto prestará el servicio hay que elegir a quien lo haga mejor a un mejor precio también.    Para que ese proveedor pueda ser seleccionado entre todos los que pueden prestar el servicio hay que establecer un sistema que sea transparente y en el que se fomente la concurrencia. 

La Fundación Edad y Vida ha difundido un comunicado en el que pone en duda que estos principios vayan a ser los aplicables en Baleares.  Este es el comunicado:

Ante las últimas noticias publicadas sobre la reciente aprobación de una modificación de la Ley de Servicios Sociales por parte del Parlamento Balear que establece "prioridad” en el caso de conciertos con la Administración Balear de unas entidades a través del denominado Concierto Social, sin tener que acudir dichas entidades a procedimientos competitivos, con formas de contratación no acordes con Ley de Contratos del Sector Público, la Fundación Edad&Vida se siente en la obligación de hacer pública su disconformidad ante dichos hechos y ante éstos declara que:

- En los últimos tiempos, algunas administraciones públicas vienen manteniendo formas de contratación directa con entidades sin ánimo de lucro, que sobrepasan ampliamente el espacio asignado para estas entidades en la Ley de Contratación Estatal, vulnerando con ello los sistemas generales de contratación que se basan en la aplicación de principios tales como publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, entre otros.

- En 2010, el Tribunal de Cuentas hizo una moción a las Cortes Generales, debido a unas alarmantes cifras de que en 10 años más de 32.500 millones de euros se habían convenido directamente, proponiendo la configuración de un marco legal adecuado y suficiente para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas y la adopción de las medidas necesarias para un uso eficiente de los recursos públicos que se canalizan por esta vía. Y todo ello, por varios motivos: porque estos convenios, por regla general, se celebran sin una norma habilitante específica, porque no se realizan actuaciones tendentes a dar publicidad o a promover la concurrencia y porque, bajo la apariencia formal de convenios de colaboración, se han tramitado auténticos contratos administrativos, eludiéndose así la aplicación de la legislación contractual.

- En Edad&Vida, fundación cuyos miembros se mueven por la mejora, promoción e innovación de la calidad de vida de las personas mayores, entendemos a la persona como eje de la atención social, lo que debe permitir concurrir a todos aquellos que, en igualdad de condiciones, sean capaces de ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios, en un proceso competitivo. Sólo esto permite a la administración tener garantía de calidaden la atención a las personas mayores, nuestra razón de ser.

- Desde Edad&Vida defendemos que todas las entidades deben someterse a procedimientos competitivos según la legislación en materia de contratación vigente y que, sólo un mejor resultado en ese proceso público, en igualdad de condiciones y sin discriminación por la naturaleza jurídica entre entidades, sea determinante en la adjudicación. No pedimos el compromiso de los responsables públicos, tan sólo exigimos el cumplimiento de la Ley en materia de contratación.

La polémica está servida y la pregunta es ¿Debe la administración priorizar a las entidades sin ánimo de lucro a la hora de elegir quien debe gestionar, por ejemplo, plazas en residencias para personas mayores dependientes? Si la respuesta es positiva la siguiente pregunta debería ser ¿Incluso si el coste por plaza es superior por lo que esa priorización pudiera suponer atender a menos personas mayores dependientes con el mismo dinero?