El Real Decreto 20/2011 ha consagrado la moratoria de la Ley de Dependencia en lo relativo a la depdencia moderada. Eso quiere decir que, hasta 2014 no se redactarán PIAs a personas que tengan esa valoración. Par los grandes dependientes y las personas con dependencia severa, en principio todo sigue igual.
La noticia ha puesto de manifiesto el gran desconocimiento que existe en los medios de comunicación sobre la Ley de Dependencia. Sólo hace falta darse una vuelta por el quiosco o el dial para ver que algunos han entendido, en un primer momento que durante un año no se daría servicio a "nuevos dependientes" cuando la verdad es que sólo se habla de los dependientes moderados.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con su habitual premura, ha lanzado el día 3 de Enero una nota de prensa en la que ha valorado que la medida supondrá un recorte de 40 millones de Euros.
Según la nota,
el impacto que supone esta modificación del calendario de aplicación de la Ley, afectará a unas 30.000 personas. Esas 30.000 personas, distribuidas a lo largo de 2012 representarían el menos del 2,5% del total de personas con derecho a atención. Y a unas 250.000 personas dependientes moderados con grado I nivel 1 que no se atenderán hasta el 1 de enero de 2014. En términos económicos, el ahorro estimado para las arcas estatales, en el nivel mínimo garantizado de financiación a las CCAA, es muy escaso ya que se puede estimar en unos diez millones de euros para el ejercicio 2012. Si aplicásemos los porcentajes de financiación calculados para las CCAA con el actual sistema de financiación, estas últimas dejarían de gastar no más de cuarenta millones de euros en la atención a los nuevos dependientes moderados, por lo que las arcas públicas dejarían de incrementar el gasto para este grado de dependencia tan solo en cuarenta millones de euros (bastante menos del 0,6% del total de coste neto de atenciones del sistema actualmente).
El coste mensual neto de atención a un dependiente moderado se puede situar en una media de 240 €, de los que las administraciones soportarían 30 €, la AGE 60 € y las CCAA 120 € (sin contar las aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales). Para el ejercicio 2012, la medida únicamente afectaría a la moratoria de incorporación de unas 30.000 personas en situación de dependencia moderada (grado I, nivel 2) que, de ser atendidas, hubieran supuesto un coste total a las arcas públicas de unos 40 millones de euros.
Estimamos que el impacto que supone esta modificación del calendario deaplicación de la Ley, afectará a unas 30.000 personas. Esas 30.000 personas distribuidas a lo largo de 2012 representarían el menos del 2,5% del total de personas con derecho a atención. Y a unas 250.000 personas dependientes moderados con grado I nivel 1 que no se atenderán hasta el 1 de enero de 2014 (un año más tarde de lo previsto.)
