Como señala la ONU, aunque todas las personas de cualquier edad corren el riesgo de contraer COVID-19, las personas mayores tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad y enfermedad grave después de la infección, y los mayores de 80 años mueren a un ritmo cinco veces mayor que el promedio. Se estima que el 66 % de las personas de 70 años o más tienen al menos una afección subyacente, lo que los coloca en un mayor riesgo de impacto severo por el COVID-19.
Las personas mayores también pueden sufrir discriminación por edad en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas. Antes del COVID-19, la mitad de las personas mayores en algunos países en desarrollo no tenían acceso a los servicios de salud esenciales. También son preocupantes la falta de acceso a servicios como centros de día o residencias geriátricas, así como la calidad del cuidado que recuiben.
Además, el virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas mayores, sino que también amenazando sus redes sociales, su acceso a los servicios de salud, sus trabajos y sus pensiones.
Según la ONU, entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumentará en un 38 %, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud a nivel mundial. Este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo, y requiere que se preste más atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos.
El maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo y desarrollados y, por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan entre un 1 % y un 10 %. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad.