EL GOBIERNO DICE QUE QUIERE SALVAR LA LAPAD DEL COLAPSO EN QUE ESTA

Encontramos en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una nota en la que nos informan de unas manifestaciones del Secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, según las cuales el Gobierno se encontró a su llegada un sistema de atención a la dependencia  "colapsado en lo económico y en lo asistencial” y que necesitaba cambios urgentes.  Unos cambios que se convirtieron en la reciente reforma de la Ley.
 

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad negó Gobierno pretenda con sus actuaciones derogar la Ley de Dependencia. Al contrario, lo que busca es preservarla en un contexto de "escasez de recursos como el actual”. "Hay pocos recursos, y por tanto hay que priorizar. Y nuestra prioridad es que los servicios sociales y la Dependencia se centren en aquellos que más lo necesitan" -

A partir de una evaluación del funcionamiento del Sistema durante sus primeros cinco años de vida (evaluación que tuvo que efectuarse hace dos años, pero que no se hizo), el Gobierno advirtió una serie de problemas que cuestionaban la viabilidad del modelo:
 
-          Un gasto 2.700 millones de euros superior al previsto.
-          400.000 dependientes más de los previstos.
-          Una deuda con la Seguridad Social derivada del impago de las cuotas de los cuidadores no profesionales de más de 1.000 millones de euros.
-          Una lista de espera de 300.000 personas dependientes. Personas que estaban a la espera de su prestación.
-          Creación de puestos de trabajo inferior a la calculada, exactamente 152.000 empleos menos.

 
         Con un panorama así, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato y las CCAA se pusieron manos a la obra para iniciar la reforma del Sistema desde estos pilares: sostenibilidad financiera, protección a los dependientes que más lo necesitan, simplificación de procedimientos, adecuación de las prestaciones a las necesidades reales y potenciación de los servicios profesionales.
 

Para Juan Manuel Moreno, una de las columnas esenciales de la reforma consiste en la atención prioritaria a los grandes dependientes o personas en situación más vulnerable. A pesar de que una medida así conlleve el aplazamiento de entrada al Sistema de los moderados más leves, el secretario de Estado ha defendido la necesidad de que sean las personas en peor estado las que más rápida y ágilmente acceda a las prestaciones y a los servicios.
 

También ha aludido a la reducción del 15% de la ayuda al cuidador no profesional, o cuidador familiar, para explicar que esta figura, recogida como una excepción en la Ley, se ha generalizado tanto en las CCAA que se han desencadenado algunas anomalías, como la falta de ocupación de los centros o las dificultades de seguimiento de la evolución de la persona dependiente. El criterio para financiar los recursos de la Ley de Dependencia en cada territorio se basará a partir de ahora en el número de prestaciones vinculadas al servicio y en la cantidad de beneficiarios.

 
El secretario de Estado ha pidió "calma” y no sacar conclusiones precipitadas sobre el funcionamiento inicial de la reforma del Sistema de Atención a la Dependencia. Los nuevos elementos incluidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y por las CCAA, requieren de más tiempo para arrojar análisis y opiniones.

 
Con todo, Juan Manuel Moreno ha ofrecido los siguientes datos para demostrar que la Ley de Dependencia no está acabada, sino que sigue en marcha: a de 1 de septiembre, y con respecto a los datos del 1 de enero, hay 21.000 solicitudes más, 27.000 resoluciones de valoración más y 43.000 beneficiarios más.

Ver nota de prensa del Ministerio