El Gobierno prepara un plan de choque para reforzar el sistema de atención a la dependencia

El sistema de atención a la dependencia viene arrastrado un déficit de financiación que en las circunstancias actuales de pandemia supone una merma en los servicios que se prestan a las personas mayores y en situación de dependencia.

Para paliar este déficit, el Gobierno presentará en las próximas semanas un plan de choque que tendrá su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Los presupuestos contemplan la generalización del servicio de teleasistencia, garantiza la financiación a las CC. AA., aumenta las horas de atención domiciliaria, recupera las compatibilidades entre prestaciones y servicios, y avanza en la regulación de la figura del asistente personal.

El sistema de atención a la dependencia cuenta con 450 millones de euros de financiación menos que en 2010, mientras que se han incorporado medio más millón de usuarios más, lo que hace que no se llegue a todas las personas en la medida que lo necesitan. El plan de choque prevé una inversión 603,2 millones de euros en dependencia en 2021.

Para reforzar el sistema se propone incrementar el nivel mínimo y restablecer el nivel acordado, mejorar la financiación en el plan concertado de servicios sociales y dar prioridad a los cuidados a las personas mayores de larga duración dependientes o con discapacidad, para lo que se contará con los fondos europeos previstos.

Aunque la propuesta es del Ministerio de Derechos Sociales, que también prevé cambios legislativos, la competencia es autonómica, por lo que las medidas, pensadas para desarrollarse durante tres años, deben ser debatidas y aprobadas en el Consejo Interterritorial que está convocado el 2 de octubre, en el que se trasladará a los consejeros y consejeras de las CC. AA. información detallada sobre este el plan de choque. También se creará un grupo de trabajo para repensar el modelo de cuidados de larga duración, es decir, de las residencias geriátricas y para personas con discapacidad.

 Otro ámbito de trabajo, sobre todo ante la segunda oleada de la pandemia, es el grupo de trabajo centros residenciales y covid-19, que se creó en junio con el objetivo de compartir información y criterios, y consensuar propuestas y medidas de coordinación para preparar una respuesta adecuada ante posibles rebrotes, y que presentará un informe en el próximo consejo territorial. Entre los protocolos establecidos está la obligación de realizar PCR a todos los residentes y trabajadores de una residencia en cuanto aparece un brote, o lo que es lo mismo, un positivo.