EL GOBIERNO PRESENTA SU INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA LAPAD

 

El informe está estructurado en dos partes diferenciadas; en la primera se examina el Sistema desde el punto de vista del análisis normativo, de costes y financiación, de impacto económico, análisis comparado europeo, análisis del Sistema de Información del SAAD (SISAAD) y la memoria de actividades de la Administración General del Estado en el ámbito del SAAD.

 

En la segunda parte se recoge el resultado de las encuestas de valoración realizadas a las Comunidades Autónomas, interlocutores sociales y económicos, organizaciones sociales, FEMP, y a las personas beneficiarias y cuidadoras.

 

Respecto a las personas beneficiarias, hay que destacar que a 1 de octubre de 2011 son ya 739.949 las personas beneficiarias del Sistema, a las que se les ha reconocido un total de 911.050 prestaciones.

 

Desde que la Ley comenzó su despliegue e implantación en 2007, las personas beneficiarias se han incrementado constantemente.

 

El calendario de desarrollo de la LAPAD ha sido cumplido fielmente según lo previsto. Ya se han incorporado al sistema las personas valoradas con un nivel del dependencia muy grave y grave (grados III y II respectivamente). En enero de este año han comenzado a incorporarse como beneficiarios al sistema las personas con dependencia moderada (grado I, nivel 2).

 

Un 80,7% de las personas beneficiarias encuestadas consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, con una valoración media de notable (3,4 puntos sobre 5).

 

En cuanto a los servicios y prestaciones del sistema, el 78% delos beneficiarios y beneficiarias les dan la calificación de buenos o muy buenos con un puntuación media de notable (4,4 puntos sobre 5).

 

El perfil de las personas que muestran más satisfacción con el Sistema de Atención a la Dependencia se corresponde con las personas de más edad, que tienen un grado mayor de dependencia, viven en un entorno no urbano y tienen asignado un servicio.

 

Hay que destacar también que el 82,8% de los cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia considera positiva o muy positiva la protección a los beneficiarios y beneficiarias, otorgándole una valoración media de 3,7 puntos sobre 5.

La Ley ha impulsado la inversión en atención a la dependencia. Si el gasto sobre el PIB en el 2003 era del 0,32%, en el 2010 ha sido el doble, el 0,64%.

En 2010, el gasto corriente total en atención a la dependencia se situó en 6.767 millones de euros.

 

Si atendemos al indicador de gasto por habitante mayor de 80 años, éste se situaba en 2009 en 866 euros. En 2010, este mismo gasto aumentó hasta llegar a los 1.434 euros, lo que supone un incremento del 65.64%. Y lo mismo ha ocurrido con el gasto por habitante: en 2009 era de 75 euros y en 2010, 113 euros; es decir, un incremento del 50,66%.

 

La administración general del Estado (AGE) ha financiado el 47% del gasto total en atención a la dependencia en 2009, aportando 2.299 millones de euros del coste total, estimado en 4.848 millones. En 2010, la AGE ha aportado 2.625 millones de euros a la financiación del gasto global en dependencia; esta cifra representa el 39% del total de 6.767 millones.

 

En cuanto al gasto "nuevo”, es decir, el relativo a las nuevas prestaciones reconocidas al amparo de la LAPAD, en 2009 alcanzó 2.262 millones de euros, elevándose en 2010, hasta los 3.623 millones de euros, lo que representa un 61% del gasto total en materia de atención a la dependencia.

 

Por lo que se refiere al gasto "nuevo neto”, que comprende las aportaciones de las administraciones públicas sin tomar en consideración las aportaciones de las personas beneficiarias, ƒ{          en el año 2010 se habría casi alcanzado el equilibrio financiero marcado por la LAPAD, con un porcentaje de participación del 54% por parte de la AGE y del 46% por las Comunidades Autónomas, aunque esta meta no se había logrado en el 2009, siendo mucho mayor la aportación de la AGE. No obstante, debe puntualizarse que de computar la aportación del Plan E, y las cuotas de Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales, la aportación de la AGE se vería incrementada de manera importante.

 

En Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia, la aportación de la AGE al coste nuevo de la LAPAD supera el 70%.

 

Los empleos generados vinculados a la atención a la dependencia derivados de la implantación de la ley durante 2009 y 2010 ascienden a 123.0000 empleos directos y 42.000 indirectos, contribuyendo por tanto a la reducción de la tasa de paro.  Estos datos en principio se referirían a los efectos que puede haber tenido la aplicación de dependencia en las residencias de tercera edad, centros de día y servicios de ayuda a domicilio financiados con dinero de la LAPAD.

 

En cuanto los retornos fiscales, un 19,70% de los gastos que supone la LAPAD se han recuperado a través de retornos fiscales de diferente naturaleza. En concreto, esta tasa de retorno supone que se han recuperado veinte céntimos por cada euro invertido en la atención a la dependencia, debido al estímulo de la economía provocado por el gasto generado por la LAPAD.

 

Respecto al impacto de la implantación del SAAD en el volumen de la producción real de la economía española durante el periodo 2008-2010,  ha sido de 0,15 puntos porcentuales respecto a la tasa media de crecimiento anual.

 

El Sistema para la Atención a la Dependencia (SAAD) ha supuesto la armonización de la regulación en la materia en las 17 Comunidades Autónomas, y su puesta en marcha ha sido posible gracias a la colaboración y participación de todas las administraciones públicas, ya que la gestión de las prestaciones se ha llevado a cabo por las Comunidades Autónomas en colaboración con las Entidades Locales.