El número de personas con dependencia en espera de recibir su prestación a aumentado en 2019

Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia se ha incrementado en más de un 10 % en 2019. Se trata de un aumento significativo y preocupante, pues los tiempos de espera son mermas considerables en la calidad de vida de las personas y de sus cuidadores. 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha emitido un comunicado que detalla la situación. Es importante conocer los datos y las causas para poder ponerse en contexto y reclamar que se asignen recursos que consigan reducir los tiempos de espera.

En el comunicado se señalan datos muy relevantes. Así, en 2019 en el IMSERSO constaban 435 000 expedientes en tramitación, un 10 % más que en 2018. Estos expedientes son tanto de valoración como de modificación por agravamiento o cualquier otra circunstancia que concite un cambio en el PIA.  

Según la norma, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo cuatro territorios están por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo opuesto están Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576). 

Esto indica que, a pesar del incremento de personas con algún tipo de prestación en los últimos dos años, el ritmo es claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. De hecho, en 2019 (hasta noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423 000 personas pendientes de algún trámite, y más de la mitad son andaluzas (123 000) o catalanas (103 000).

Los motivos de estos retrasos son varios, aunque hay dos fundamentales: los recortes en la financiación de la ley y los procesos burocráticos que suman dos procedimientos encadenados —la valoración y la resolución de la prestación o servicio— que hacen que en el tiempo transcurrido entre uno y otro cambien las circunstancias y se tenga que volver a empezar.

Una de las consecuencias es el número de personas con derecho efectivo que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. Se estima que esto le ha pasado a unas 31 000 personas. Hay que tener en cuenta que el 54 % de personas solicitantes tiene más de 80 años y para ellas el tiempo de resolución es fundamental.

Otra consecuencia es la sobrecargas de los cuidadores, en un 75 % mujeres, que no tienen ayuda en el domicilio ni tampoco el familiar afectado tiene opción de ingresar en una residencia geriátrica.

El comunicado ofrece muchos datos interesantes, todos ofrecidos por el IMSERSO, y peticiones para solucionar la situación. Se puede leer íntegro aquí.