Hasta ahora los problemas principales a que se enfrentaban las residencias que "vendían" sus plazas a la administración dentro del sistema de la Dependencia eran, la incertidumbre sobre los periodos de pago, el tiempo que se tarda en "empezar a cobrar", la cobertura de las plazas y el precio de las mismas.
Esta frase puede sonar ininteligible para el beneficiario de la Ley, o sea, el dependiente y sus familiares pero resultará totalmente entendible para las empresas y entidades que gestionan residencias, centros de día o prestan ayuda a domicilio a personas mayores dependientes de forma concertada con la administración o gestionando servicios públicos.
El recorte de la dependencia anunciado el día 2 de mayo de 2013, que es la segunda parte del de julio de 2012, y que podría suponer un recorte de 1.100 millones de euros, afectará de forma muy diferente a los beneficiarios de la Ley y a los proveedores. Los medios de comunicación se han centrado mucho estos días en los primeros.
Josep de Martí, en su blog ha hecho una reflexión sobre cómo puede afectar a las residencias y qué podría intentar hacerse para que el efecto negativo fuese el más bajo posible.