29/06/2010

EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA EN CATALUÑA EN ESTADO CRÍTICO

La Asociacion Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha hecho público un explicito documento que con el título "El sector de la dependencia en Cataluña en estado crítico" hace un repaso a la tortuosa relación que llevan manteniendo las empresas catalanas y la Generalitat, una relación trufada de promesas incumplidas y expectativas no alcanzadas. Este es el texto:

Que las tarifas públicas para los servicios asistenciales que se prestan en los centros residenciales y de atención diurna de personas mayores en Catalunya son deficitarias es un hecho conocido por el propio Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, que a finales del año 2008 todavía mantenía el compromiso de incrementar las tarifas un 16% en dos años (2009/2010).

Este incremento tenía que ir ineludiblemente unido al desarrollo de un modelo de calidad, en el que, pese a las dificultades, el sector ha hecho indiscutibles adelantos los últimos años. En el año 2006, con la firma del protocolo de acuerdos 2006/2007, el Departamento y los sindicatos mayoritarios vincularon la aplicación del incremento de tarifa al acercamiento de la negociación colectiva en Catalunya, con el fin de crear el primer Convenio catalán del sector.

Entendiendo que las condiciones laborales y sociales de los trabajadores de los servicios sociales contribuyen a definir la calidad en este ámbito, y valorando positivamente que por primera vez la Administración reconocía los costes y el déficit estructural del sector, la patronal asumió plenamente esta exigencia y en fecha del 02/07/2007 se constituyó la comisión negociadora del mencionado Convenio, formada por las organizaciones empresariales ACRA, CECAD y UCH, y por las organizaciones sindicales UGT y CC.OO.

Tras muchas y duras negociaciones, las organizaciones empresariales hicieron una oferta, en el mes de octubre de 2008, que implicaba un incremento acumulado de los salarios del 33,14%, y conseguía la reivindicación histórica de los sindicatos de situar los salarios de todas las categorías por encima de 1.000,00 Euros mensuales. Se establecieron, no obstante, unas bases previas para que la oferta patronal fuera firme. Consistían en un compromiso por parte del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de incrementar las tarifas (un 8% en 2009 y un 8% en 2010), la liberalización de los contratos privados, y la aplicación estricta de la cláusula de compensación y absorción para aquellos centros que estaban abonando retribuciones por encima del Convenio.

Sin embargo, los sindicatos rechazaron la oferta. La falta de rúbrica del Convenio catalán impidió entonces la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y empobreció el sector en más de 30 millones de euros. Este rechazo significó la paralización práctica de la negociación durante muchos meses, hasta que ésta se retomó nuevamente a finales del ejercicio 2009.

Durante el año pasado las tarifas públicas se incrementaron un 2,5%, por debajo del incremento salarial previsto en el convenio estatal (2,7%), con lo cual se incrementó el déficit del sector. Pero a estas alturas, la Administración, a través de la Dirección general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), se desdijo de su compromiso inicial y el incremento del 16% en dos años se convirtió en un 3,8% para el año 2010, con unos bonus adicionales del 2% y del 3% para aquellos centros que lograran determinados niveles de calidad asistencial.

A primeros del 2010, se hizo una segunda oferta empresarial a los sindicatos que, en términos generales, implicaba unos incrementos salariales equivalentes entre una o dos pagas extras, a las cuales no los seria de aplicación la cláusula de compensación y absorción (otra de las reivindicaciones sindicales históricas), a parte de los incrementos pactados en el Convenio Marc Estatal, mejorados en el apartado del trabajo en festivos y domingos. Esta nueva oferta, que para el conjunto de los trabajadores de aquellos centros que lograran la totalidad de los bonus significaba unos ingresos de 1.200.000 euros anuales, también ha sido rechazada.

Como consecuencia de estos hechos, no tenemos Convenio en Catalunya, ni tampoco tenemos los prometidos incrementos de tarifas, ni otras mejoras que iban asociadas al Documento marco para la calidad asistencial en los centros residenciales y de atención diurna para personas mayores para el 2010 (admitir la facturación de servicios hoteleros, permitir a los usuarios recibir una prestación económica vinculada al servicio en centros privados, garantizar la ocupación y el pago de las plazas concertadas,...).

No sólo no tenemos todo esto, si no que el Departamento de Acción Social y Ciudadanía nos ha informado que no habrá ningún incremento de tarifas para el ejercicio 2010, en el que, en cumplimiento del convenio estatal, se están aplicando unos incrementos salariales del 3,6% por término medio.

A este escenario, tenemos que añadir las consecuencias de la profunda crisis económica que atravesamos y de las últimas modificaciones legislativas, que se traducen en:

- La exclusión de la aplicación del tipo de IVA superreducido (4%) a todos los usuarios que reciben prestaciones económicas o que acceden a estos servicios de manera privada. En Catalunya, la redacción actual de la norma fiscal excluye también a los servicios de dependencia prestados por las entidades adscritas al Programa de apoyo al acogimiento residencial (centros colaboradores).

- Esta medida de discriminación impositiva, generadora de injusticias entre los ciudadanos, se agrava si se tiene en cuenta que los usuarios que no se ven 

beneficiados por la rebaja del tipo deberán asumir a partir del 1 de julio de 2010 el incremento del IVA del 7% al 8%.

- Atraso endémico del ICASS en el pago de las facturas, que últimamente se sitúa alrededor de los 150 días, con un coste financiero para las empresas y con una especial incidencia con respecto a la tipología de centro de día.

- Colapso del circuito administrativo para las valoraciones de las dependencias.

No hay duda que este escenario deja al sector en una precariedad todavía superior a la que hemos venido sufriendo hasta ahora, y pone en peligro el cumplimiento de los compromisos retributivos a los que hacen referencia los Convenios colectivos aplicables, e incluso los compromisos de calidad exigidos por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía.

Es bastante probabl