GRAN ÉXITO DEL PRIMER CONGRESO DE LA FED

La FED celebró su primer congreso con el título "Empresa y administración. Cooperando ante la dependencia", demostrando que, en poco tiempo se ha convertido en la patronal de referencia del sector de atención a mayores.

La participación de la vicepresidenta del gobierno, la secretaria de estado de servicios sociales, la consejera de Bienestar Social de Madrid, el secretario General de la UGT, el vice presidente de la CEOE, varios directores generales autonómicos así como de representantes del mundo empresarial, profesional y docente permitió a los congresistas captar diferentes puntos de vista y opiniones sobre cómo se está aplicando y cómo debería aplicarse la Ley de Dependencia.

De todas las noticias que hemos encontrado haciendo referencia al congreso de la FED, celebrado en Madrid los días 25 y 26 de Octubre, hemos elegido ésta que quizás refleja de forma más clara la preocupante lentitud en la aplicación de la Ley y la lucha de cifras entre diferentes administraciones que pone de manifiesto que la lucha política no se mantendrá al margen de la aplicación de la Ley.

La ley más esperada por millones de ciudadanos camina con paso renqueante, cargada con guerra de cifras entre administraciones y algunas quejas de usuarios ya en los tribunales. Diez meses después de su entrada en vigor, la Ley de Dependencia, el llamado "cuarto pilar" del estado del bienestar llega con lentitud y de forma desigual a los beneficiarios.

Hay quien dice que ni llega, como la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que esta semana proclamó que "nadie", ni un sólo usuario, está recibiendo hasta el momento las prestaciones o ayudas previstas en la Ley.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales contraataca con cifras. A 30 de septiembre 100.315 españoles habían sido catalogados como grandes dependientes por sus respectivos servicios sociales autonómicos y disponían ya de las prestaciones previstas en la ley - residencias, centros de día, teleasistencia, atención a domicilio- acordes a su situación; en algunos casos las ayudas son económicas a cuidadores familiares o para contratar los servicios por su cuenta. "Están (registrados) todos los beneficiarios con nombres, apellidos y el tipo de servicio que se les presta", recalcan portavoces de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.

El Ministerio recopila los datos que facilita cada comunidad autónoma sobre el número de sus respectivos beneficiarios de la ley. En Ceuta y Melilla, únicos territorios donde los servicios sociales no están transferidos, hay ya 664 grandes dependientes evaluados y atendidos; a 633 se les presta los servicios requeridos y 31 reciben las ayudas económicas para sus cuidadores familiares.

A finales de septiembre, Madrid y Murcia eran las únicas comunidades que no habían comunicado las cifras de personas evaluadas como grandes dependientes -que necesitan ayuda externa varias veces al día para funciones básicas como comer, beber, asearse o vestirse-. "Aunque eso no quiere decir que les estén ya prestando los servicios", aseguran.

Menos contemporizadora, la secretaria de estado, Amparo Valcarce, trazaba días atrás un ranking de la aplicación de la Ley de Dependencia. La gestión de la ley "es sobresaliente en algunas autonomías, notable en otras y en otras es suficiente", afirmó. Andalucía, Extremadura, Cantabria y Baleares son los alumnos aventajados. Madrid -dijo- figura a la cola de la clasificación. Días después la consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales, María Gádor Ongil, replicó a la puya. "La Comunidad de Madrid va por delante del Gobierno" en la aplicación práctica de la ley porque "casi el cien por cien de los grandes dependientes de nuetra región ya estaban siendo atendidos en la actualidad por el ejecutivo autonómico", apostilló.

Presupuesto.- Guerra de cifras aparte, la ley establece que en 2007 deberán estar atendidos los aproximadamente 200.000 grandes dependientes -de nivel II, los más incapacitados, y de nivel I, algo más leves- que se calcula hay en España, una sexta parte del total de personas que, por edad, enfermedad o discapacidad, necesitan de ayuda para valerse en el día a día. A partir de ahí se irán incorporando al sistema los dependientes severos y moderados, de más graves a menos, de forma gradual hasta 2015, cuando el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) deberá estar a pleno rendimiento.

Más beneficiarios.- En 2008 el número de beneficiarios rondará los 400.000, aseguró Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el Congreso. También el dinero para atenderles será mayor el año que viene. Según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio aportará 871 millones de euros. Las CCAA deberán poner lo mismo porque la financiación del SAAD corre al 50% entre la administración central y las autonómicas. El usuario también paga una parte del coste de la atención que recibe, según su nivel de renta, aunque ése es uno de los puntos que no están cerrados.

En mayo, el último Consejo Territorial de la Dependencia, la "sala de máquinas" del sistema, dejó la cuestión abierta. Por ahora no parece probable un baremo de copago único para todo el Estado. La propuesta inicial del Ministerio eximía de copago a las personas con ingresos inferiores a 6.000 euros al año, y los de rentas superiores a 60.000 pagarían el 90% del coste.

Entre medias, a falta de un criterio unitario, cada comunidad pone sus propias tarifas, que serían las que ya aplican a los servicios de asistencia social prestados antes de la ley.

En todo caso, "que no haya un copago único no es excusa ni impide aplicar la ley en los plazos previstos", insisten el Ministerio en alusión a las quejas de algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular.