GUERRA DE CIFRAS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Una de las claves de la aplicación de la ley de Dependencia es la financiación. Al respecto de la ley parece desprenderse que la parte pública corresponde a mitades al Estado y comunidades autónomas. El problema es determinar qué parte es la que hay que repartir al 50% y cuál ha de ser asumida íntegramente por las comunidades autónomas.

Resulta casi imposible sacar el agua clara aunque es siginificativo que las comunidades no gobernadas por el PSOE digan que están pagando más de lo que les toca mientras las que sí lo son se manifiestan razonablemente conformes con los convenios que han firmado con el Estado.

Las X Jornadas profesionales de Júbilo fueron una buena ocasión para ver cómo se produce la guerra de cifras ya que tuvimos la ocasión de asistir a una mesa redonda con altos cargos (Consejeros y Directores Generales) de Asturias, Castilla y León, Murcia y Galicia.

Veamos como recoge Las Provincias lo que se dijo en esa mesa referido a la comunidad valencia y que titularon "La Generlanitat dedicará más de 400 millones de euros a las personas dependientes".

Después de leerlo que cada uno saque sus propias conclusiones:

El secretario autonómico de Bienestar Social, David Calatayud, ha asegurado hoy que la Generalitat destinará durante este año "más de 400 millones de euros a través de los distintos programas de atención a las personas dependientes".

"Garantizar la mejor atención a las personas dependientes y sus familias es una prioridad para el Gobierno de Francisco Camps. De hecho, el Consell puso en marcha hace años su propio sistema de atención a las personas en situación de dependencia", ha destacado Calatayud.

Gracias a este sistema, la Conselleria ha logrado pasar de 47 residencias para mayores en 1995 a 333 en el año 2007; de los 2 centros de día que había para personas mayores en 1995 a 138 en la actualidad; y de 96 centros de atención para personas con discapacidad a 225 que existen actualmente, según sus datos.

El secretario autonómico de Bienestar Social ha explicado que la Ley de Dependencia "ha perdido su definición nacional y ha desaprovechado una oportunidad única de igualar el sistema en toda España, ya que se van a crear 17 sistemas diferentes de atención a la dependencia y se crearán desigualdades".

Calatayud ha recordado que un año después de la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno central "todavía no ha concluido su desarrollo normativo y ni siquiera tiene claro el criterio que aplicará para determinar instrumentos básicos para la aplicación del sistema de dependencia tales como la acreditación de los centros y el copago".

Además, ha afirmado que la única cantidad comprometida por el Gobierno central para 2008 es de 100 euros por persona dependiente severa, mientras que el coste de estas personas en una residencia puede alcanzar hasta los 2.677 euros al mes.

La financiación y aplicación de la LAPAD puede tener una repercusión sobre las residencias geriátricas de toda España