Guipuzcoa viene siendo tradicionalmente una de las provincias en las que existe un mayor número de usuarios de servicio a domicilio. Por ello la Diputación Foral consideró necesario a finales del año 2005, establecer un acuerdo con EUDEL ( Asociación de Municipios Vascos) para implantar algún tipo de mecanismo que permitiese homogeneizar la prestación del mismo en todo el territorio. De esta forma se firmaron convenios particulares con 85 de los 88 municipios de la provincia mediante los cuales se creaba el compromiso de desarrollar este reglamento. Salvo alguna incidencia de última hora, se espera a finales del 2006 que todo ciudadano guipuzcoana de más de 65 años puede tener derecho a recibir esta prestación en las mismas condiciones.
Paralelamente a la ordenación del servicio, la aprobación de este reglamento también posibilita colateralmente que se puedan establecer objetivos de crecimiento del servicio a nivel de la provincia, de forma que se espera poder atender a 6.573 personas en el 2010 ( en la actualidad se presta a 4.817 mayores) lo que supone poder proporcionar SAD al 5% de la población mayor de 65 años en todos los municipios con una intensidad media de atención de 7 horas semanales y con el servicio ampliado a los días festivos.
Iniciativas como la de la Diputación Foral de Guipuzcoa, o como la de la Diputación de Barcelona, son, sin duda, modelos extrapolables a otras provincias del Estado para dar cohesión a un servicio que hoy por hoy se caracteriza por la indefinición, indeterminación y difícil comparación. Es complicado en estos momentos poder comparar el servicio a domicilio en dos municipios incluso de una misma provincia española: partimos de definiciones del mismo dispares ( en unas provincias son más sociosanitarios mientras que en otros son extrictamente tareas domésticas), diferentes intensidades horarias ( con diferencias de hasta 20 horas semanales), de precios de licitación ( desde 5,5 euros hasta más de 10€), la capacitación de los prestadores directos del servicio, los mecanismos de control por parte de las Administraciones o incluso la aportación económica al servicio por parte del usuario.
Todo ello hace que personas que residen en municipios contiguos en una misma provincia puedan recibir servicios completamente diferentes lo que ocasiona una situación que en el mejor de los casos se puede considerar aceptable pero no permisible en un Estado Social y Democrático de Derecho.
Nuevamente dejamos un hilo de esperanza a la nueva Ley de Dependencia para que ayude a homogeneizar este recurso.