INSPECCIONES A RESIDENCIAS QUE NO COBRAN DE LA ADMINISTRACIÓN

A raíz de los atrasos en los pagos de las residencias geriátricas concertadas en diferentes comunidades autónomas y de la rebaja en las tarifas que cobran los prestadores por el cuidado de personas mayores, algunas preguntas flotan sobre el sector.  ¿Deberían los poderes públicos rebajar los requisitos si no pueden pagar la cantidad a qué se habían obligado? o ¿Deberían las inspecciones ser más laxas cuando el prestador no cobra?

En principio, en lo que respecta a las inspecciones, la respuesta debería ser negativa.  Si la función de la inspección es garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios y consideramos que estos derechos son sacrosantos, entonces no hay ningún motivo para que la inspección rebaje sus exigencias.  Ahora bien, existen algunos aspectos que sí podrían ser suavizados.  Por ejemplo el mantenimiento.  No resulta extraño leer actas de inspección en las que aparece  "falta mantenimiento", refiriéndose a que cierta parte de la residencia debería ser re-pintada o que parte del mobiliario está ya bastante desgastado.  Casi todas las residencias tienen planes de mantenimiento que les lleva pintar el centro cada cierto tiempo o a reemplazar parte del mobiliario.  En la situación actual muchas residencias de tercera edad (incluyendo  públicas), han retrasado esas intervenciones debido a los problemas de tesorería que padecen.  El servicio que prestan estas residencias sigue siendo correcto ya que lo esencial del cuidado no se ha visto afectado y los gestores han hecho lo que deben: en una situación de tensión de tesorería generada por el impago, han priorizado aquéllos aspectos más relacionados con el bienestar de los residentes.  Una manera en la que la inspección podría seguir realizando sus funciones adaptándose a la situación actual sería, centrarse también en esos aspectos, incrementar el uso del establecimiento de plazos  de corrección en lugar de la propuesta de incoación de expedientes sancionadores. Las leyes de inspección lo permiten por lo que tan solo haría falta un cambio de prioridades.

En relación a esto, leemos en La Razón que la asociación que agrupa a directores de residencias ASCAD propone que las inspecciones sean más "constructivas que punitivas".  Para ellos la clave es que las inspecciones no sean "quisquillosas".  En palabras de su presidente, Andrés Rueda, las inspecciones no tienen que basarse en el miedo, o ser coercitivas. Nos gustarían inspecciones constructivas con riesgo cero, o mejor aún, que se impulsase la autoevaluación de nuestros centros.